El Ministerio de Minas propone formalizar la Política Pública de Equidad de Género en el sector minero-energético. Esta iniciativa se sustenta en mandatos constitucionales que garantizan la igualdad, la no discriminación y la protección especial para mujeres y población LGBTIQ+, así como en leyes nacionales e instrumentos internacionales como la Convención CEDAW y los ODS de la Agenda 2030. El objetivo es asegurar la participación incidente de estos grupos en las decisiones del sector, promover condiciones laborales dignas, erradicar la violencia de género y fomentar la transformación productiva con equidad. La política, aplicable al Ministerio y sus entidades adscritas, guiará también a empresas vinculadas y contará con un plan de acción y seguimiento anual coordinado por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.

El Ministerio de Ambiente explicó el alcance de la Resolución 221 de 2025, que establece una zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán. La medida frena la obtención de nuevas licencias ambientales para proyectos mineros, incluso aquellos con títulos previos que carezcan de instrumento ambiental vigente, invocando el principio de precaución. Sin embargo, permite la continuidad o el inicio de trámites para la minería de pequeña escala y tradicional. Asimismo, las solicitudes de renovación o modificación de licencias ambientales existentes pueden avanzar, siempre que no impliquen la apertura de nuevos frentes o el aumento de volúmenes de explotación, exigiendo a las autoridades ambientales integrar de inmediato las nuevas condiciones restrictivas de la reserva en sus evaluaciones.

El Ministerio de Minas proyecta establecer el "Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira", abarcando 155.927,43 hectáreas en los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo. Esta resolución, fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, busca transformar la economía regional históricamente ligada a la minería de carbón. El objetivo principal es impulsar la diversificación productiva hacia sectores como la agricultura, ganadería y turismo, promoviendo la asociatividad, formalización de pequeños mineros y la reconversión laboral. La iniciativa responde a los altos índices de pobreza, desigualdad y los persistentes conflictos socioambientales generados por la gran minería, buscando garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar comunitario. Una mesa de trabajo interinstitucional, con la participación de múltiples ministerios y entidades, coordinará la gestión de este distrito, que prioriza la sostenibilidad ambiental y la justicia social en el territorio.

El Ministerio de Ambiente adoptó los Términos de Referencia (TdR-032) para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido en el trámite de licencias ambientales globales o definitivas para proyectos de pequeña minería. La normativa, aplicable a titulares mineros clasificados en esta categoría, busca asegurar el desarrollo sostenible y la prevención del deterioro ambiental. Es relevante la incorporación de criterios específicos para evaluar impactos asociados al cambio climático, en acatamiento de la Sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional. Además, la resolución establece el procedimiento para la sustracción de áreas en reservas forestales nacionales y regionales cuando sea necesario. Esta medida deroga la Resolución 590 de 2018 y sustituye aspectos de la Resolución 1705 de 2024 referentes a la sustracción para la pequeña minería.

El Ministerio de Ambiente adoptó nuevos Términos de Referencia (TdR-032) para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en la tramitación de licencias ambientales globales o definitivas para proyectos de pequeña minería. La resolución, basada en leyes como la 99 de 1993 y sentencias recientes, busca fortalecer la evaluación de impactos ambientales, incluyendo criterios específicos para el cambio climático. Es de aplicación obligatoria para autoridades y titulares mineros de pequeña escala, permitiendo adaptaciones justificadas. Además, establece un procedimiento detallado para la sustracción de áreas de reserva forestal y un régimen de transición para proyectos ya en curso, derogando la Resolución 590 de 2018 y ajustando aspectos de la Resolución 1705 de 2024.