El Ministerio de Minas absolvió inquietudes sobre las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), aclarando que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia exclusiva para su delimitación. MinMinas, junto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió comentarios a la propuesta de modificación de la Resolución 161 de 2024, que declaró las APPA en La Guajira, los cuales están siendo analizados. Si bien reconoce que las APPA son determinantes de ordenamiento territorial que priorizan la seguridad alimentaria, el Ministerio subraya que la declaratoria de APPA no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, protegiendo así los títulos mineros formalmente otorgados y vigentes. Cuestiones sobre el impacto económico y la valoración de reservas han sido remitidas a la ANM, dada su competencia en la administración de recursos mineros.

El Ministerio de Agricultura avanza en la declaratoria de un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en San Vicente y El Carmen de Chucurí, Santander, con el objetivo de preservar suelos rurales estratégicos y evitar su degradación o cambio de uso. La medida prioriza la conservación de tierras con alta aptitud agrícola, promoviendo un manejo sostenible frente a riesgos como la desertificación y el cambio climático. Además, busca proteger la capacidad productiva del suelo, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas agroalimentarios, reconociendo la importancia ambiental, social y económica de estos territorios para el país.

El Ministerio de Agricultura avanzó en la declaratoria de nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de Antioquia y Tolima, con el objetivo de blindar suelos estratégicos frente a la expansión urbana e industrial y garantizar la seguridad alimentaria. Las resoluciones, que abarcan territorios como Hispania, Jardín, La Pintada y Falan, no solo buscan preservar la vocación agrícola de estas zonas, sino que también tienen un impacto ambiental clave: promueven el uso sostenible del suelo y del agua, contribuyen a la mitigación del cambio climático y reducen la presión sobre ecosistemas frágiles al frenar el avance desordenado de la urbanización.

El Ministerio de Agricultura y adoptó un ciclo de gobernanza regulatoria para transformar la elaboración e implementación de sus actos administrativos. Inspirada en el Acuerdo de Escazú y principios anticorrupción, esta medida busca asegurar la participación ciudadana y la transparencia en las decisiones que afectan el sector agrario. Se priorizará la consulta pública de proyectos normativos por al menos 15 días, garantizando que campesinos, comunidades étnicas y otros actores influyan en las políticas, promoviendo lenguaje claro y enfoque diferencial. El nuevo marco guiará la planeación, redacción, revisión y publicación de regulaciones, con seguimiento constante y la posible incorporación de inteligencia artificial para asegurar que sean eficaces, eficientes y atiendan las necesidades del desarrollo rural sostenible y la soberanía alimentaria

La CGR aclaró su papel en los procesos de restitución de tierras, específicamente bajo la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 902 de 2017. La entidad subraya que, si bien tiene competencias de vigilancia y control fiscal sobre las asignaciones presupuestales destinadas a las Mesas de Reparación de Víctimas y el seguimiento al uso de recursos en planes de prevención, no está facultada para intervenir como parte en los procesos judiciales de restitución de tierras. Su función de representación judicial se activa en situaciones donde la Contraloría es directamente parte o cuando se discuten hechos que generen detrimento patrimonial al Estado, lo cual no ocurre en las disputas agrarias.