La CGR aclaró su papel en los procesos de restitución de tierras, específicamente bajo la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 902 de 2017. La entidad subraya que, si bien tiene competencias de vigilancia y control fiscal sobre las asignaciones presupuestales destinadas a las Mesas de Reparación de Víctimas y el seguimiento al uso de recursos en planes de prevención, no está facultada para intervenir como parte en los procesos judiciales de restitución de tierras. Su función de representación judicial se activa en situaciones donde la Contraloría es directamente parte o cuando se discuten hechos que generen detrimento patrimonial al Estado, lo cual no ocurre en las disputas agrarias.

Prensa Jurídica publica un compendio de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional ante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 0150 de 2026. Este conjunto normativo aborda estrategias urgentes para la reactivación agroalimentaria, medidas para los sectores minero y energético, soluciones en vivienda y transporte, mejoras en infraestructura educativa, y planes de agua y saneamiento básico, buscando mitigar los impactos de la crisis en diversas regiones del país.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la política “Reforma Agraria: Redistribución de Tierras y Aguas para la Producción y el Cuidado de la Vida”, orientada a transformar el acceso y uso de la tierra en Colombia para reducir la desigualdad rural y fortalecer la producción agroalimentaria. El documento establece lineamientos para ampliar la disponibilidad de tierras mediante compra, adjudicación, formalización y recuperación de baldíos, así como para garantizar el acceso al agua para actividades productivas. La política también promueve el ordenamiento social de la propiedad, el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrodescendiente y la articulación institucional para impulsar proyectos productivos sostenibles. Con ello se busca mejorar las condiciones de vida en el campo, aumentar la productividad y avanzar en la implementación de la reforma rural integral.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado respondió una consulta elevada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se pidió precisar el régimen jurídico aplicable a los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros (FEP), particularmente en tres frentes sensibles: su naturaleza jurídica, el régimen de contratación aplicable y el alcance de las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de sus juntas directivas. El concepto realiza un examen estructural del diseño legal de estos fondos, creados en desarrollo de la política de intervención económica del Estado en el sector agropecuario, con el propósito de mitigar la volatilidad de precios y estabilizar los ingresos de los productores. La Sala partió por aclarar que los FEP no constituyen personas jurídicas independientes ni entidades estatales autónomas. Son cuentas especiales o patrimonios afectados a una finalidad específica, creados por la ley como mecanismos de intervención económica, administrados normalmente por entidades gremiales representativas del respectivo sector productivo, bajo supervisión estatal.

La Corte Constitucional convoca a una audiencia pública clave el 4 de marzo en Bogotá para abordar el expediente D-16791. Se analizará el impacto del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó la Jurisdicción Agraria y Rural, en la garantía del "juez natural" dentro de la implementación de la Reforma Rural Integral (Decreto Ley 902 de 2017). La diligencia busca recabar información para proteger los derechos del campesinado colombiano y asegurar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, cuestionando la efectividad de la fase judicial del Procedimiento Único.