El Gobierno expidió un decreto extraordinario para mitigar la crisis en el sector agropecuario y rural, tras la declaración de emergencia económica, social y ecológica en departamentos como Córdoba, Sucre y Antioquia, afectados por graves eventos hidrometeorológicos a principios de 2026. Estos fenómenos causaron pérdidas significativas en cultivos y ganado, impactando a miles de productores y la seguridad alimentaria. El decreto busca aliviar obligaciones financieras, facilitar acceso urgente a crédito y normalizar carteras para proteger a pequeños productores y campesinos, restableciendo su capacidad productiva y sus ingresos.
El Ministerio de Agricultura declaró Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Fresno, Herveo y Murillo, Tolima. El informe, elaborado por la UPRA y un equipo de expertos, busca identificar y proteger los mejores suelos agrícolas para garantizar la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria como un derecho humano fundamental. El estudio analiza criterios como la frontera agrícola y la aptitud del suelo, sentando las bases para su protección y obligatoria incorporación en los planes de desarrollo locales.
El Consejo de Estado anuló la resolución mediante la cual la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) suspendió en 2003 la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, al concluir que la entidad actuó sin competencia para dejar en suspenso un acto administrativo ya en firme. La decisión tiene un impacto directo en la protección del territorio rural y ambiental de esta región estratégica del Magdalena Medio, ubicada en los municipios de Yondó y Remedios (Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (Bolívar). La zona de reserva campesina había sido constituida en 2002 como un instrumento de ordenamiento agrario orientado a promover el acceso a la tierra, frenar la expansión descontrolada de la frontera agrícola y favorecer prácticas productivas sostenibles.
El Consejo de Estado negó la suspensión provisional del Decreto 33 de 2025, que fija reglas para agilizar la negociación directa de predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La Sala concluyó que, en esta etapa inicial, no se evidenciaba una contradicción manifiesta con normas superiores ni una afectación ambiental directa que justificara frenar su aplicación. Aunque los demandantes alegaban posibles impactos sobre el uso del suelo y la protección de áreas rurales, el alto tribunal indicó que esos cuestionamientos requieren un análisis de fondo y prueba técnica. Señaló que el decreto busca facilitar la política de acceso a tierras y que cualquier eventual tensión con normas ambientales deberá evaluarse durante el proceso, por lo que no se acreditó un riesgo inminente que ameritara la medida cautelar.
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, debido a la intensa temporada de lluvias que ha provocado desbordamientos de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y graves daños en viviendas, vías, cultivos y redes de acueducto y energía. Las precipitaciones han dejado comunidades aisladas, pérdidas en la producción agropecuaria y afectaciones a la salud pública, especialmente en zonas rurales y ribereñas. Según el decreto, la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta ordinaria de las autoridades territoriales, por lo que se requieren medidas excepcionales para atender a los damnificados, mitigar riesgos, recuperar infraestructura y prevenir nuevas afectaciones ambientales y sociales.