El Ministerio de Agricultura propuso la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional y Comunitaria para el seguimiento y desarrollo de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Este proyecto de resolución busca consolidar la reforma agraria y rural integral, garantizando el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos, reconocidos como sujetos de especial protección constitucional. La Mesa, integrada por entidades como la ANT y la ADR, junto a delegados de organizaciones campesinas, será un espacio clave para la planificación, coordinación y ejecución de los Planes de Vida Digna de los TECAM, asegurando la participación activa de las comunidades. Su fin es articular la acción institucional y comunitaria para fortalecer estos territorios, promover un ordenamiento territorial alrededor del agua y la seguridad alimentaria, dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de resolución para salvaguardar los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA). La iniciativa propone un innovador modelo de custodia compartida que integra la conservación in situ y ex situ, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, bancos de germoplasma, centros de investigación y las comunidades campesinas y étnicas, reconocidas como custodios ancestrales de la diversidad. Se establecen instancias de coordinación como el Comité Técnico Interinstitucional y el Comité Consultivo Mixto para garantizar la gestión integral. Además, se ordena la formulación de un Plan de Transición en cuatro meses y una Política Pública de RGAA en dos, vital para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agrobiodiversidad nacional frente al cambio climático y la pérdida de especies.

Esta es la Ley que establece la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta nueva estructura integra una Sala Civil, Agraria y Rural en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, junto con Tribunales y Jueces Agrarios y Rurales especializados. Su objetivo es descongestionar la administración de justicia, garantizando un acceso equitativo y oportuno en zonas rurales y aplicando un enfoque diferencial étnico y de género. La ley prevé equipos interdisciplinarios, facilitadores agrarios y concursos de méritos que priorizan el conocimiento especializado para los cargos, asegurando recursos para su implementación, saldando así una deuda histórica con el campo

El Ministerio de Minas absolvió inquietudes sobre las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), aclarando que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia exclusiva para su delimitación. MinMinas, junto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió comentarios a la propuesta de modificación de la Resolución 161 de 2024, que declaró las APPA en La Guajira, los cuales están siendo analizados. Si bien reconoce que las APPA son determinantes de ordenamiento territorial que priorizan la seguridad alimentaria, el Ministerio subraya que la declaratoria de APPA no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, protegiendo así los títulos mineros formalmente otorgados y vigentes. Cuestiones sobre el impacto económico y la valoración de reservas han sido remitidas a la ANM, dada su competencia en la administración de recursos mineros.

El Ministerio de Agricultura avanza en la declaratoria de un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en San Vicente y El Carmen de Chucurí, Santander, con el objetivo de preservar suelos rurales estratégicos y evitar su degradación o cambio de uso. La medida prioriza la conservación de tierras con alta aptitud agrícola, promoviendo un manejo sostenible frente a riesgos como la desertificación y el cambio climático. Además, busca proteger la capacidad productiva del suelo, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas agroalimentarios, reconociendo la importancia ambiental, social y económica de estos territorios para el país.