El Ministerio de Agricultura avanzó en la declaratoria de nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de Antioquia y Tolima, con el objetivo de blindar suelos estratégicos frente a la expansión urbana e industrial y garantizar la seguridad alimentaria. Las resoluciones, que abarcan territorios como Hispania, Jardín, La Pintada y Falan, no solo buscan preservar la vocación agrícola de estas zonas, sino que también tienen un impacto ambiental clave: promueven el uso sostenible del suelo y del agua, contribuyen a la mitigación del cambio climático y reducen la presión sobre ecosistemas frágiles al frenar el avance desordenado de la urbanización.

El Ministerio de Agricultura y adoptó un ciclo de gobernanza regulatoria para transformar la elaboración e implementación de sus actos administrativos. Inspirada en el Acuerdo de Escazú y principios anticorrupción, esta medida busca asegurar la participación ciudadana y la transparencia en las decisiones que afectan el sector agrario. Se priorizará la consulta pública de proyectos normativos por al menos 15 días, garantizando que campesinos, comunidades étnicas y otros actores influyan en las políticas, promoviendo lenguaje claro y enfoque diferencial. El nuevo marco guiará la planeación, redacción, revisión y publicación de regulaciones, con seguimiento constante y la posible incorporación de inteligencia artificial para asegurar que sean eficaces, eficientes y atiendan las necesidades del desarrollo rural sostenible y la soberanía alimentaria

La CGR aclaró su papel en los procesos de restitución de tierras, específicamente bajo la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 902 de 2017. La entidad subraya que, si bien tiene competencias de vigilancia y control fiscal sobre las asignaciones presupuestales destinadas a las Mesas de Reparación de Víctimas y el seguimiento al uso de recursos en planes de prevención, no está facultada para intervenir como parte en los procesos judiciales de restitución de tierras. Su función de representación judicial se activa en situaciones donde la Contraloría es directamente parte o cuando se discuten hechos que generen detrimento patrimonial al Estado, lo cual no ocurre en las disputas agrarias.

Prensa Jurídica publica un compendio de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional ante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 0150 de 2026. Este conjunto normativo aborda estrategias urgentes para la reactivación agroalimentaria, medidas para los sectores minero y energético, soluciones en vivienda y transporte, mejoras en infraestructura educativa, y planes de agua y saneamiento básico, buscando mitigar los impactos de la crisis en diversas regiones del país.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la política “Reforma Agraria: Redistribución de Tierras y Aguas para la Producción y el Cuidado de la Vida”, orientada a transformar el acceso y uso de la tierra en Colombia para reducir la desigualdad rural y fortalecer la producción agroalimentaria. El documento establece lineamientos para ampliar la disponibilidad de tierras mediante compra, adjudicación, formalización y recuperación de baldíos, así como para garantizar el acceso al agua para actividades productivas. La política también promueve el ordenamiento social de la propiedad, el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrodescendiente y la articulación institucional para impulsar proyectos productivos sostenibles. Con ello se busca mejorar las condiciones de vida en el campo, aumentar la productividad y avanzar en la implementación de la reforma rural integral.