El proyecto cambia reglas para que las asociaciones agropecuarias y campesinas se inscriban y renueven en las Cámaras de Comercio con tarifas según el tamaño de la asociación. Busca ayudar a los campesinos, dándoles un trato especial para proteger sus derechos y facilitar su acceso a la tierra y a la formalización legal. También promueve la unión entre campesinos y el apoyo del Estado, para mejorar la producción de alimentos, cuidar la cultura y fortalecer las zonas rurales, con igualdad y respeto.
El proyecto de resolución declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Jericó, Antioquia, abarcando 6.348,11 hectáreas para garantizar la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación, en línea con la Constitución y leyes nacionales. La UPRA elaboró un documento técnico que fundamenta la delimitación y lineamientos para uso productivo sostenible del suelo agrícola. Se establece un Plan de Acción a cargo del Ministerio de Agricultura con apoyo de la UPRA. La resolución es vinculante para autoridades locales y se incorpora al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA).
La audiencia pública convocada por la Corte Constitucional se realizará el 29 de septiembre de 2025 en el Palacio de Justicia, Bogotá, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. La diligencia abordará cuatro ejes temáticos: 1) Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), 2) Ordenamiento del territorio y planificación con enfoque agropecuario, 3) Determinantes del ordenamiento territorial entre autonomía y cohesión estatal, y 4) Ordenamiento del territorio rural con énfasis en la protección del derecho humano a la alimentación. La audiencia incluirá intervenciones de diversas entidades y preguntas de los magistrados, siendo de gran interés ciudadano por sus implicaciones en competencias territoriales y derechos fundamentales.
El proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura regula la representatividad nacional en la administración de recursos parafiscales agropecuarios, pesqueros y forestales, procurando condiciones equitativas e inclusivas. Establece un comité verificador con representantes del Ministerio y entidades de control para supervisar los procesos electorales y garantizar autonomía administrativa de los contratistas. Además, promueve la progresividad en la representatividad, enfocándose en mujeres rurales, pequeños productores, jóvenes, víctimas del conflicto y formas organizativas campesinas, promoviendo así el desarrollo rural y agroindustrial sostenible con transparencia y controles administrativos.
La Corte declaró exequible la Ley 2385 de 2024 que prohíbe corridas, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, basándose en el mandato constitucional de protección animal y en la necesidad de una transformación cultural para evitar el maltrato arbitrario. Sin embargo, declaró inexequible la exclusión de toros coleados, corralejas y peleas de gallos, pues también implican maltrato. La Corte aplazó por tres años esta decisión para permitir una transición gradual con medidas de reconversión laboral y cultural, coordinadas por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, garantizando así un cambio paulatino sin afectar abruptamente a quienes dependen de estas actividades.