El Ministerio de Agricultura busca actualizar la política para la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC). El proyecto modifica la Resolución 464 de 2017, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y garantizando la alimentación adecuada. Se busca saldar deudas históricas con mujeres, jóvenes y comunidades étnicas rurales, promoviendo un desarrollo con enfoque territorial y una gobernanza alimentaria sólida. La iniciativa, alineada con la Reforma Rural Integral, fortalece la participación de estas comunidades e introduce criterios de identificación y priorización que incluyen la sostenibilidad ambiental y la producción de alimentos.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de norma para declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Andes y Ciudad Bolívar, Antioquia, cubriendo 16,101.16 hectáreas. Esta medida, de carácter vinculante para el ordenamiento territorial, busca garantizar el derecho humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y la protección del suelo rural productivo en la región.

El texto de este fallo del mes de agosto recientemente bajó a Relatoría de la Corporación. La Corte Constitucional, al revisar el proyecto de ley estatutaria que estructura la Jurisdicción Agraria y Rural, declaró la constitucionalidad de varios artículos. Los artículos 1 (objeto de la ley), 2 y 6 (integración de la jurisdicción con la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, tribunales y juzgados agrarios), y 7, 9, 10 y 12 (relativos a la planta de personal, creación de despachos, régimen de carrera y entrada en vigor) fueron hallados conformes a la Constitución al desarrollar el mandato del Acto Legislativo 03 de 2023. Sin embargo, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 4 (modificación de la integración de las salas de la Corte Suprema, como la de Casación Civil, Agraria y Rural) y 5 (que probablemente regulaba aspectos similares para el Consejo de Estado o nombramientos, lo cual excedía la facultad del legislador). Finalmente, el artículo 3 (que agrega la Jurisdicción Agraria y Rural al listado de ramas que ejercen función jurisdiccional) fue declarado constitucional, pero condicionado a que la modificación se entienda sobre el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, ya reformado por la Ley 2430 de 2024. El artículo 8 (sobre los concursos para jueces y magistrados agrarios) fue constitucional con la condición de incluir preponderantemente derechos fundamentales campesinos y garantizar equidad a mujeres, comunidades étnicas y víctimas.

El Ministerio de Agricultura presentó proyecto de decreto para establecer un programa especial de compra y dotación de tierras a favor de los pueblos y comunidades indígenas. La iniciativa busca garantizar sus derechos territoriales, autonomía y la integridad cultural, en concordancia con leyes nacionales e internacionales. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderará los procedimientos, aplicando un enfoque de protección reforzada y facilitando la entrega provisional de predios con exenciones notariales. Se establece un seguimiento riguroso por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se exige transparencia con un contador público de trámites en la web, sancionando la mora injustificada para asegurar la celeridad del proceso.

La UPRA presentó los lineamientos para formular la Carta del Paisaje Agropecuario, un instrumento que busca proteger los paisajes rurales como parte del patrimonio cultural y ambiental del país. La propuesta promueve la gestión sostenible del territorio, integrando prácticas productivas con la conservación de suelos, recursos naturales y saberes locales. También fortalece la gobernanza y la articulación con los planes de ordenamiento territorial, con el fin de impulsar un desarrollo rural que preserve la identidad cultural, promueva el uso eficiente del suelo y refuerce la gestión ambiental en los municipios y distritos.