La Corte declaró inconstitucionales ciertos artículos del Proyecto de Ley Estatutaria que modifica la ley 270 de 1996 para estructurar la jurisdicción agraria y rural. Los artículos pretendían incluir normas relacionadas con la administración de justicia, pero ajenas al objeto principal de la ley, que es la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural. Estos artículos regulaban aspectos administrativos y organizativos de la justicia que no guardaban conexidad con la materia dominante del proyecto, vulnerando el principio de unidad de materia, principio fundamental para la elaboración de leyes estatutarias. Por esta razón, dichos artículos fueron considerados incompatibles con la Constitución y fueron derogados, en tanto que el resto del proyecto que sí se refería a la jurisdicción agraria y rural fue declarado constitucional, algunos con condiciones específicas para asegurar temas como la equidad de género y la inclusión de derechos fundamentales de la población campesina.

La Entidad señala que el INCODER optó por utilizar el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) para cumplir esa orden, recurriendo a herramientas de acceso a tierras. La vigencia de los decretos 2363 y 902 de 2017, junto a la Ley 160 de 1994, orientan la ruta, aunque esta última no contempla específicamente reubicaciones, por lo que se emplean mecanismos como el SIRA. Se definen los sujetos beneficiarios, con requisitos patrimoniales y de propiedad. Los conceptos jurídicos emitidos son orientaciones generales, no resolutorias, y se recomienda consultar a las oficinas involucradas para aclarar el estado de cumplimiento y su ruta jurídica y administrativa.

El documento analiza la legalidad y las condiciones para que la Agencia de Desarrollo Rural entregue información de beneficiarios de los PIDAR al DNP, considerando la protección de datos personales. Se destaca que la información pública puede compartirse sin autorización previa, excepto datos sensibles, que requieren autorización explícita. Se propone que, si se entregan datos personales, estos deben anonimizarse o agregarse para proteger la privacidad, mediante medidas técnicas y administrativas como encriptación, control de accesos y capacitación. La importancia radica en cumplir con la normativa, garantizar la confidencialidad y facilitar la transparencia, aunque implica retos en mantener el equilibrio entre transparencia y protección de datos. La ventaja es la posibilidad de colaborar sin vulnerar derechos, pero la desventaja radica en la complejidad de implementar medidas de protección eficaces.

El proyecto de norma modifica la Resolución 128 de 2017 para fortalecer la gestión del territorio agropecuario promoviendo la protección constitucional de la agricultura campesina según los artículos 64 y 65 de la Constitución. Busca garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y respaldar la soberanía alimentaria mediante el apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Incluye la participación de instancias territoriales y la adaptación climática, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas sectoriales para formalización de tierras, fortalecimiento agroalimentario y protección ambiental, asegurando un manejo territorial sostenible y equitativo.

El concepto de abogacía de la competencia emitido por la SIC, sobre el proyecto de decreto que regula el uso de plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos y de investigación, resalta que el proyecto limita la titularidad de autorizaciones exclusivamente a entidades públicas, excluyendo el acceso directo de agentes privados, aunque permite la participación indirecta mediante esquemas de tercerización con comunidades campesinas y étnicas. La SIC advierte que esta restricción puede afectar la libre competencia económica al restringir un mercado emergente con potencial productivo e industrial, sin evidenciar que la medida sea la menos lesiva para el principio competitivo. Además, solicita un marco interpretativo claro sobre el reparto justo y equitativo de beneficios y recomienda evaluar alternativas menos restrictivas para no distorsionar el mercado ni afectar el desarrollo de cadenas productivas lícitas en territorios afectados por cultivos ilícitos.