El Ministerio de Agricultura actualizó los capítulos I y II de la Resolución 198 de 2018, estableciendo nuevas reglas para la gestión y desempeño del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Se adopta una versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar y evaluar la gestión. Se conforma el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, presidido por el Ministro y con participación de altos directivos de entidades del sector, que dirige la planeación estratégica, coordina la implementación del MIPG, hace seguimiento a la gestión y desempeño, y presenta propuestas para fortalecer las políticas institucionales. También define reglas para quórum, toma de decisiones y funcionamiento del Comité. Esta resolución busca mejorar la operatividad y articulación entre entidades para cumplir con planes de desarrollo y responder a las necesidades ciudadanas con integridad y calidad.

La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Decreto Legislativo 0107 de 2025, que establecía medidas para proteger zonas agrícolas, cadenas productivas y sistemas agroalimentarios en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y otros municipios, en el marco del estado de conmoción interior. La Corte encontró que varias disposiciones del decreto no superaron los juicios constitucionales de finalidad, necesidad, conexidad y motivación, pues las medidas no estaban diseñadas para mitigar la conmoción interior ni tenían sustento técnico adecuado.

El Decreto crea un programa especial de dotación de tierras y otros mecanismos de entrega en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras, sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural. Su objetivo es garantizar el acceso a tierras a población vulnerable, incluyendo víctimas del conflicto armado, asegurando su mínimo vital y vida digna durante el proceso de restitución. Además, establece modalidades provisionales y definitivas para la entrega de inmuebles, subvenciones y créditos especiales, fortaleciendo la equidad social, cultural y territorial en el sector rural y priorizando poblaciones campesinas, étnicas, mujeres y desplazadas.

La Superintendencia de Sociedades precisó instrucciones para el registro y certificación de asociaciones campesinas y agropecuarias en las cámaras de comercio, integradas al Registro Único Empresarial y Social (RUES). Se modifica el formulario del RUES para incluir la clasificación, carácter, orden y nivel de estas asociaciones, en cumplimiento de la Ley 2219 de 2022 y el Decreto 0388 de 2025. Las cámaras deben además remitir información estadística al Ministerio de Agricultura cada tres meses. La circular garantiza que los estatutos y reformas se inscriban con las mismas condiciones que las sociedades comerciales, asegurando transparencia y formalidad en el registro y publicidad en la web del RUES.

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del Decreto Legislativo 106 de 2025, que adopta medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos mediante financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario afectado por la situación de orden público en la región del Catatumbo. La Corte consideró que el decreto cumple con los requisitos formales, pues fue dictado en desarrollo del estado de conmoción interior declarado en el Catatumbo y áreas aledañas.