Con este proyecto de resolución se busca modificar parcialmente la Resolución 161 de junio de 2024 para actualizar y complementar la declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios del sur de La Guajira, con base en el documento técnico revisado por la UPRA (2024-2025). La modificación busca ajustar la zonificación, usos principales, compatibles y restricciones del suelo, alineándolos con criterios técnicos actualizados y fortaleciendo la protección de estas áreas como determinantes del ordenamiento territorial. Además, se incorpora esta información al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y se reafirma el compromiso con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en línea con políticas públicas y normativas vigentes, garantizando la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

La Contraloría General de la República no actúa como representante judicial en los procesos de restitución de tierras; su función en estos casos se limita a aportar informes técnicos en cumplimiento de órdenes judiciales, elaborados por las Delegadas correspondientes según la sectorización interna. Esta participación técnica es parte de su labor de vigilancia y control fiscal y no implica que sea parte o demandada en dichos procesos. La representación judicial de la Contraloría únicamente se ejerce en procesos penales relacionados con delitos contra el patrimonio público, y solo cuando la entidad directamente afectada no asume esta obligación. Esta función está regulada por el Decreto Ley 267 de 2000 y es gestionada a través de la Oficina Jurídica y la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que coordinan la defensa de los intereses estatales en esos casos.

El proyecto reglamenta el Sistema de Coordinación Interinstitucional para la Unificación de Información Predial de los Territorios y Territorialidades Indígenas (SCIUIPTI), derogando las Resoluciones 182 de 2016 y 068 de 2022. Busca unificar y proteger la información sobre territorios indígenas, garantizando su derecho constitucional a la propiedad colectiva y la protección preferente de sus tierras ancestrales, conforme a la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. La Comisión de Gestión del SCIUIPTI, liderada por el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), coordina la planificación, gestión financiera y técnica para fortalecer el Sistema de Información Geográfica Indígena, promoviendo la seguridad jurídica y la protección efectiva de los territorios indígenas.

La Corte Constitucional destacó la importancia de la restitución por equivalente al señalar que, en casos donde la restitución física o legal de un inmueble no es viable, o cuando la persona despojada enfrenta riesgos para su vida e integridad, es fundamental ofrecer alternativas de acceso a terrenos similares. Esta medida busca asegurar que las víctimas del conflicto armado puedan ejercer su derecho a la tierra y recuperar su dignidad, incluso si no pueden regresar al lugar de origen. La Corte enfatizó que el juez de restitución debe considerar no solo la relación material con la propiedad, sino también el contexto de riesgo que viven las víctimas. Además, se subrayó la obligación del juez de atender a la seguridad de las personas y de aplicar enfoques que respeten la historia y las necesidades específicas de las víctimas, garantizando así el respeto a sus derechos humanos en un proceso de reparación integral.

El "Plan para la Identificación, Caracterización, Reconocimiento y Formalización de las Territorialidades Campesinas" tiene como objetivo principal establecer mecanismos para proteger y formalizar los derechos territoriales del campesinado en Colombia, en cumplimiento de la Ley 2294 de 2023 y la Constitución Política. Se enfoca en la identificación y caracterización de comunidades rurales a través de un diagnóstico participativo, que incluye el análisis de elementos sociales, culturales, económicos y ambientales. Además, promueve la creación de Zonas de Reserva Campesina y busca la articulación con el Sistema Nacional de Reforma Agraria.