La Ley 2462 de 2025 modifica la Ley 731 de 2002 para garantizar igualdad de oportunidades a mujeres rurales, campesinas y de la pesca, especialmente a las de bajos recursos o afectadas por conflictos y despojos. Reconoce su papel integral en la producción, economía y cultura rural, incluso en actividades no remuneradas o no reconocidas oficialmente. Establece políticas públicas, acceso a justicia, apoyo financiero, reconocimiento de saberes y participación en la conservación ambiental. Busca cerrar brechas históricas y fortalecer su autonomía económica y social.

La Corte Constitucional reconoció el derecho de las comunidades negras, raizales y palenqueras a la titulación colectiva de tierras en zonas de bajamar, a pesar de que estas áreas están clasificadas como bienes de uso público, debido a su ocupación ancestral y la vinculación cultural, social y económica que estas comunidades mantienen con el territorio. Esta decisión se fundamenta en la obligación estatal de salvaguardar los derechos al territorio y a la propiedad colectiva, como bases para proteger la identidad e integridad cultural, así como la subsistencia de estos pueblos, garantizando además sus prácticas ancestrales y el manejo sostenible de ecosistemas como los bosques de manglar.

El proyecto de norma busca modernizar y agilizar la dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de sus resguardos en Colombia. Se concede a estas comunidades la propiedad formal, definitiva y con seguridad jurídica inscrita, respetando sus usos, costumbres y culturas. El Ministerio de Ambiente desempeña un papel clave al verificar el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, emitiendo informes y apoyando la corrección de posibles incumplimientos mediante concertación con las comunidades.

Tiene como objetivo facilitar el financiamiento de proyectos de emprendimiento y generación de empleo en municipios afectados por la disminución en la explotación de recursos naturales no renovables, promoviendo la diversificación económica y la ocupación progresiva de la mano de obra local en actividades distintas a la minería y extracción. Además, establece las líneas de inversión prioritarias, procedimientos para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos, y las entidades responsables del proceso, contribuyendo al desarrollo sostenible y competitivo de estas regiones.

Este informe analiza las dificultades que enfrentan los pequeños productores agropecuarios en Colombia para acceder al crédito. Se identifica cómo factores como la asimetría de información, el riesgo climático y los costos de transacción limitan el financiamiento para este sector clave. Se destaca que políticas como el respaldo público a créditos (FAG) y modificaciones en tasas y plazos de microcrédito buscan mitigar estas barreras. El cambio climático aumenta la incertidumbre y restringe aún más el acceso al crédito.