Este Decreto modifica el artículo 2.21.1.1.4 del Decreto 1071 de 2015, estableciendo que el registro en la plataforma tecnológica Mi Registro Rural será obligatorio para los beneficiarios de créditos e instrumentos financieros canalizados a través del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Esta modificación busca mejorar el acceso y control de recursos destinados al fomento de la producción agropecuaria, promoviendo la formalización y la inclusión financiera en el sector rural. Además, el Ministerio de Agricultura, junto con Finagro y otras entidades, tendrá hasta el 31 de diciembre de 2026 para implementar los procedimientos necesarios y realizar campañas de sensibilización sobre la plataforma.
El proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura establece un Programa Especial de Acceso a Tierras Integral para el pueblo étnico Rrom o Gitano. Reconoce su particularidad cultural y social, garantizando derechos tanto individuales como colectivos en cuanto al acceso a la propiedad rural. El decreto promueve la implementación de proyectos productivos sostenibles y asistencia técnica para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, sensible a sus usos y costumbres. Se contempla que las Kumpañy y organizaciones puedan tener acceso a tierras y se certificará su existencia y representación legal. Este proceso busca proporcionar un marco diferenciador que respete su identidad cultural, al mismo tiempo que se integra dentro del enfoque de reforma rural integral establecido en el Acuerdo Final para la paz en Colombia, asegurando así la protección de su bienestar y derechos.
La sociedad La Francisca S.A.S. presentó un recurso ante la Corte Constitucional pidiendo protección de su derecho al debido proceso. Argumentó que el Tribunal Superior de Cartagena había cometido errores al decidir a favor de las personas que pidieron la restitución de ciertas tierras, que La Francisca consideraba de su propiedad. La sociedad decía que había sido tratada injustamente, ya que no se le reconoció su condición de tercero de buena fe y no se le dieron las compensaciones correspondientes según la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas de despojo y desplazamiento.
El proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura establece lineamientos estratégicos para la implementación de los Planes Anuales de Gestión de Riesgos Agropecuarios (PAGRA). El objetivo es fomentar una gestión integral de riesgos en el sector agropecuario, garantizando la protección y derechos del campesinado en su relación con la tierra y la producción de alimentos, en consonancia con la Constitución y leyes relacionadas.
De acuerdo con el análisis del Banco de la República, los pequeños productores agropecuarios en Colombia enfrentan diversas barreras para acceder al crédito, las cuales se agrupan en fricciones significativas: asimetrías de información, altos costos de transacción y exposición al riesgo climático. Estas barreras impiden una asignación eficiente del capital, obstaculizando el financiamiento de proyectos productivos rentables. Las asimetrías de información emergen de la incapacidad de los prestamistas de evaluar la capacidad de pago de los agricultores, elevando la percepción de riesgo y, por ende, los costos del crédito. Los altos costos de transacción, que incluyen formalidades burocráticas y desplazamientos a las entidades financieras, afectan desproporcionalmente a los pequeños productores que requieren montos menores de crédito. Además, el riesgo climático representa una fuente importante de incertidumbre, limitando aún más el acceso a financiamiento, dado que la variabilidad en las condiciones climáticas aumenta el riesgo de impago. Para mitigar estas barreras, se proponen políticas que incluyan la mejora de la información crediticia y la oferta de microcréditos adaptados a las necesidades de los productores rurales, facilitando así su acceso al crédito agropecuario.