La sociedad La Francisca S.A.S. presentó un recurso ante la Corte Constitucional pidiendo protección de su derecho al debido proceso. Argumentó que el Tribunal Superior de Cartagena había cometido errores al decidir a favor de las personas que pidieron la restitución de ciertas tierras, que La Francisca consideraba de su propiedad. La sociedad decía que había sido tratada injustamente, ya que no se le reconoció su condición de tercero de buena fe y no se le dieron las compensaciones correspondientes según la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas de despojo y desplazamiento.
El proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura establece lineamientos estratégicos para la implementación de los Planes Anuales de Gestión de Riesgos Agropecuarios (PAGRA). El objetivo es fomentar una gestión integral de riesgos en el sector agropecuario, garantizando la protección y derechos del campesinado en su relación con la tierra y la producción de alimentos, en consonancia con la Constitución y leyes relacionadas.
De acuerdo con el análisis del Banco de la República, los pequeños productores agropecuarios en Colombia enfrentan diversas barreras para acceder al crédito, las cuales se agrupan en fricciones significativas: asimetrías de información, altos costos de transacción y exposición al riesgo climático. Estas barreras impiden una asignación eficiente del capital, obstaculizando el financiamiento de proyectos productivos rentables. Las asimetrías de información emergen de la incapacidad de los prestamistas de evaluar la capacidad de pago de los agricultores, elevando la percepción de riesgo y, por ende, los costos del crédito. Los altos costos de transacción, que incluyen formalidades burocráticas y desplazamientos a las entidades financieras, afectan desproporcionalmente a los pequeños productores que requieren montos menores de crédito. Además, el riesgo climático representa una fuente importante de incertidumbre, limitando aún más el acceso a financiamiento, dado que la variabilidad en las condiciones climáticas aumenta el riesgo de impago. Para mitigar estas barreras, se proponen políticas que incluyan la mejora de la información crediticia y la oferta de microcréditos adaptados a las necesidades de los productores rurales, facilitando así su acceso al crédito agropecuario.
El estudio "Riesgo Climático y Acceso al Crédito: Evidencia para Productores de Papa en Colombia" analiza los efectos del riesgo climático en el acceso al crédito para pequeños agricultores de papa en Colombia. Se enfoca en dos aspectos: los efectos ex post de eventos climáticos negativos, como sequías, y los efectos ex ante debido a la incertidumbre relacionada con las condiciones climáticas futuras, usando la variabilidad de la lluvia como proxy. Los resultados indican que, tras sequías, el acceso al crédito (tanto en montos como en número de prestatarios) aumenta, especialmente en condiciones de baja variabilidad de la lluvia y con créditos respaldados por garantías públicas. Sin embargo, la alta variabilidad de la lluvia reduce el acceso a créditos privados. El estudio sugiere que la exposición al riesgo climático representa una restricción significativa para el acceso al crédito y destaca la efectividad de las garantías públicas para mitigar dichos riesgos en el contexto agrícola.
Generalmente, las modificaciones en el uso del suelo se consideran cargas públicas que todos los ciudadanos deben soportar equitativamente. Sin embargo, si una afectación es extraordinaria y provoca un daño severo a un propietario en particular, el Estado podría tener la obligación de compensar los daños, dado que se viola el principio de igualdad frente a las cargas impuestas.