Este acto modifica el artículo 6 de la Resolución 000016 de 2025, enfocándose en la recuperación de suelos agropecuarios y la promoción de Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos. Estas áreas están destinadas exclusivamente a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, que aporta el 70% de la producción alimentaria en Colombia. La medida prioriza prácticas sostenibles y ecológicas para mejorar la calidad de los suelos, fortaleciendo sistemas de producción rurales y garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.

El proyecto de norma del Ministerio de Agricultura establece lineamientos para una política pública que promueve la producción y uso de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos, como herramientas clave para la transición agroecológica. Busca fortalecer el desarrollo tecnológico y fomentar la creación de biofábricas para impulsar su producción nacional, contribuyendo a una agricultura sostenible, baja en carbono y respetuosa con el medio ambiente. Además, promueve la capacitación y apropiación del conocimiento para mejorar competencias en estos insumos, garantizando la conservación de suelos, fuentes hídricas y el aumento de la producción de alimentos, con énfasis en la agricultura campesina y familiar en todo el territorio nacional.

Con este proyecto de resolución se busca modificar parcialmente la Resolución 161 de junio de 2024 para actualizar y complementar la declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios del sur de La Guajira, con base en el documento técnico revisado por la UPRA (2024-2025). La modificación busca ajustar la zonificación, usos principales, compatibles y restricciones del suelo, alineándolos con criterios técnicos actualizados y fortaleciendo la protección de estas áreas como determinantes del ordenamiento territorial. Además, se incorpora esta información al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y se reafirma el compromiso con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en línea con políticas públicas y normativas vigentes, garantizando la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

La Contraloría General de la República no actúa como representante judicial en los procesos de restitución de tierras; su función en estos casos se limita a aportar informes técnicos en cumplimiento de órdenes judiciales, elaborados por las Delegadas correspondientes según la sectorización interna. Esta participación técnica es parte de su labor de vigilancia y control fiscal y no implica que sea parte o demandada en dichos procesos. La representación judicial de la Contraloría únicamente se ejerce en procesos penales relacionados con delitos contra el patrimonio público, y solo cuando la entidad directamente afectada no asume esta obligación. Esta función está regulada por el Decreto Ley 267 de 2000 y es gestionada a través de la Oficina Jurídica y la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que coordinan la defensa de los intereses estatales en esos casos.

El proyecto reglamenta el Sistema de Coordinación Interinstitucional para la Unificación de Información Predial de los Territorios y Territorialidades Indígenas (SCIUIPTI), derogando las Resoluciones 182 de 2016 y 068 de 2022. Busca unificar y proteger la información sobre territorios indígenas, garantizando su derecho constitucional a la propiedad colectiva y la protección preferente de sus tierras ancestrales, conforme a la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. La Comisión de Gestión del SCIUIPTI, liderada por el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), coordina la planificación, gestión financiera y técnica para fortalecer el Sistema de Información Geográfica Indígena, promoviendo la seguridad jurídica y la protección efectiva de los territorios indígenas.