Disponible el texto de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto Legislativo 134 de 2025, al encontrar que sus medidas no guardaban relación directa y específica con los hechos excepcionales que justificaron el estado de conmoción interior, según lo definido en la Sentencia C-148 de 2025. Aunque el decreto buscaba restringir el uso de sustancias químicas para combatir el narcotráfico en el Catatumbo, la Corte ya había declarado inexequibles como fundamentos de la conmoción factores estructurales como la presencia histórica del ELN, los cultivos ilícitos y fallas en políticas públicas. Como las medidas del decreto se basaban precisamente en esos hechos estructurales, carecían de la “conexidad material” exigida por la Constitución para los decretos legislativos durante estados de excepción. Por tanto, al no estar vinculadas a los hechos válidamente reconocidos como fundamento de la conmoción, se configuró una inconstitucionalidad por consecuencia, lo que llevó a su declaratoria de inexequibilidad

Esta Ley adopta medidas de alivio para pequeños y medianos productores agropecuarios con obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2022, adquiridas a través del Programa de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA). Permite extinguir dichas deudas en un plazo de hasta un año y seis meses desde la promulgación de la ley, bajo condiciones que reglamentará el Gobierno. Se suspenden los cobros judiciales y los términos de prescripción durante ese periodo. Los deudores que hayan hecho abonos podrán saldar sus obligaciones pagando solo la diferencia, y si el abono supera la deuda, esta se considerará extinguida. También se crea un nuevo programa de alivio para deudas financieras y no financieras contraídas con intermediarios o proveedores del sector agropecuario.

El Gobierno reglamentó la Ley 2193 de 2022, que establece mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en Colombia. Su objetivo es crear instrumentos normativos para fortalecer la producción apícola como actividad estratégica para la seguridad alimentaria, la protección de los polinizadores y la sostenibilidad ambiental. Establece medidas como sistemas de información, acceso a financiamiento, ordenamiento productivo, promoción comercial, capacitación técnica y extensión agropecuaria. También regula la sanidad y el manejo del material genético apícola, promueve seguros para proteger la producción y fomenta la polinización dirigida. Además, busca integrar la apicultura con otros sistemas agroalimentarios, y establece responsabilidades sanitarias y de información para los actores del sector. La norma aplica a personas naturales y jurídicas del sector apícola en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Comercio propuso mantener el arancel cero para la importación de insumos agropecuarios, como fertilizantes y herbicidas, por un año más, ante la persistencia de altos precios internacionales y disrupciones logísticas derivadas del conflicto en Ucrania y otros eventos globales. La medida busca reducir costos de producción agrícola, garantizar la seguridad alimentaria y apoyar la competitividad del sector agroindustrial. Aunque los precios han mostrado cierta estabilización, siguen por encima de los niveles prepandemia. La balanza comercial es deficitaria, y no existe producción nacional suficiente para suplir la demanda. El decreto, respaldado por el Ministerio de Agricultura y aprobado por el CONFIS, se basa en facultades legales del Gobierno Nacional para proteger el interés general. No genera impacto ambiental ni requiere recursos presupuestales adicionales, y será evaluado a los seis meses de su vigencia.

Esta tiene por objetivo mejorar las condiciones sociales, económicas y de mercado del sector cafetero colombiano. Declara al café como bebida nacional, promueve su consumo interno y crea el programa de donación voluntaria “Quiero a los Cafeteros”, cuyos recursos se destinarán al Fondo para la vejez de los caficultores. Además, busca fortalecer a pequeños productores, recolectores y comunidades rurales e indígenas mediante apoyo técnico y financiero, estrategias de formación, impulso a cafés especiales y programas de inclusión en compras públicas. También promueve la educación agropecuaria y contempla la inclusión del café en programas de alimentación estatales, siempre que cumpla criterios nutricionales. Todo ello apunta a dinamizar la economía rural con enfoque social, cultural y sostenible.