Esta Ley adopta medidas de alivio para pequeños y medianos productores agropecuarios con obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2022, adquiridas a través del Programa de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA). Permite extinguir dichas deudas en un plazo de hasta un año y seis meses desde la promulgación de la ley, bajo condiciones que reglamentará el Gobierno. Se suspenden los cobros judiciales y los términos de prescripción durante ese periodo. Los deudores que hayan hecho abonos podrán saldar sus obligaciones pagando solo la diferencia, y si el abono supera la deuda, esta se considerará extinguida. También se crea un nuevo programa de alivio para deudas financieras y no financieras contraídas con intermediarios o proveedores del sector agropecuario.