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El Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso de Inversiones Alzate Gómez & Cía. S.A.S., tras establecer que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios demoró injustificadamente la resolución del recurso de apelación presentado contra la decisión de EPM que negó el rompimiento de la solidaridad por las deudas de servicios públicos de un inmueble arrendado a Tecni Lavar S.A.S. La Sala explicó que la Superintendencia suspendió el trámite mientras verificaba la posible configuración del silencio administrativo positivo, actuación que concluyó el 1.º de septiembre de 2026. Desde esa fecha desapareció la causa de la suspensión y transcurrieron 23 días hábiles sin una decisión de fondo, superando el plazo legal de 15 días. Además, la entidad no informó las razones de la demora ni el término para resolver. Por ello, ordenó decidir la apelación dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

El Consejo de Estado estudió la demanda de Inversiones Green Park S.A.S. y otros contra la CAR, por la suspensión de las obras de excavación, explanación y construcción de un proyecto inmobiliario en La Calera, que contaba con licencias municipales. La Sala confirmó que el predio estaba dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá cuando se impuso la medida, por lo que le eran aplicables las restricciones ambientales, pese a las licencias y usos del suelo invocados. Precisó que la CAR no vulneró el debido proceso al ordenar la suspensión sin requerimiento previo, pues las medidas preventivas ambientales son de ejecución inmediata y deben sustentarse en un acto motivado. También señaló que su carácter transitorio no obliga a levantarlas cuando se cumplen algunas condiciones, sino cuando desaparecen todas las causas que las originaron. Aunque se acreditó el cumplimiento de tres obligaciones ambientales, persistía la ubicación del predio dentro de la reserva, situación que cambió con su realinderación en 2014. Por ello, descartó la vulneración del debido proceso, la desproporción y la falsa motivación, y confirmó la decisión que negó las pretensiones.

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El Consejo de Estado estudió la controversia entre Moderline S.A.S. y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por la adjudicación a Olivieri S.A.S. de un proceso para suministrar e instalar mobiliario de oficina y redes de comunicaciones en las dependencias de la Alcaldía. Moderline cuestionó que el Distrito modificara, después del cierre de la licitación, el valor de la oferta económica del adjudicatario al incorporar el IVA, lo que incidió en su evaluación y puntaje. La Sala encontró que esta actuación desconoció las reglas de subsanación y los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, y configuró objeto ilícito. Aunque declaró la caducidad de la demanda contra el acto de adjudicación, precisó que podía declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato. Por ello, anuló el negocio jurídico y ordenó que Olivieri restituyera al Distrito la utilidad recibida, cuya cuantía deberá establecerse mediante incidente, al acreditarse el beneficio obtenido por la entidad.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que la Superintendencia de Sociedades es competente para ejercer la vigilancia subjetiva sobre In Smart Identity France Sucursal Colombia y cobrar la contribución correspondiente, porque su objeto social se relaciona con la explotación de tecnología de la información y no con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. La Sala explicó que la inscripción de la sucursal en el registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos de vigilancia solo faculta a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para supervisar esas actividades específicas, no los aspectos jurídicos, económicos, administrativos y contables de la sociedad. Además, In Smart no desarrolla actualmente actividades sujetas a esa vigilancia sectorial y cumple los criterios legales para estar bajo supervisión de Sociedades. Por ello, declaró competente a esta última entidad para ejercer la vigilancia subjetiva y recaudar la contribución destinada a financiar su funcionamiento.

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El Consejo de Estado reconoció el derecho de preferencia de Transelca en la ampliación del sistema de transmisión eléctrica nacional. La Sala estudió la controversia con la UPME por la asignación al Grupo Energía de Bogotá (GEB) del proyecto de instalación de dispositivos FACTS serie SSSC en la línea Ternera-Candelaria de 220 kV. La Sala explicó que estos equipos se conectan en serie e interrumpen la línea para regular su flujo e impedancia; por ello, su función es compensar la línea y no la subestación, aunque estén ubicados físicamente en su patio. Como Transelca representaba cerca del 90 % de los activos de la línea, tenía la primera opción para ejecutar el proyecto. Además, la fecha de puesta en operación era una condición de ejecución, no un criterio de selección. Por tanto, anuló los actos de la UPME y la condenó en abstracto al pago del lucro cesante.

El Consejo de Estado analizó si la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) incumplió su deber legal al no expedir una regulación que obligara a las empresas prestadoras a expresar en pesos el valor del subsidio en las facturas de servicios públicos y prohibiera determinadas denominaciones. La Sala concluyó que no existió incumplimiento, pues la CRA ya había desarrollado el mandato del artículo 89 de la Ley 142 de 1994 mediante la regulación compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, que exige incluir en las facturas el valor y el factor de los subsidios o contribuciones. Precisó que la ley ordena diferenciar el valor del servicio y el factor aplicado para otorgar subsidios, pero no exige utilizar el símbolo pesos ni establecer las prohibiciones solicitadas por el demandante. Agregó que las inconformidades sobre el contenido o alcance de esa regulación deben plantearse mediante una acción de nulidad y no a través de la acción de cumplimiento.

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El Consejo de Estado analizó la aplicación del pacto arbitral en controversias de arbitraje internacional y precisó que, cuando una de las partes lo invoca oportunamente, el juez estatal debe remitir el asunto al tribunal arbitral sin examinar previamente su existencia, validez o eficacia. La Sala estudió el caso relacionado con el contrato celebrado entre EPM y el Consorcio CCC Ituango, cuya controversia por presuntos incumplimientos fue remitida al arbitraje por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Concluyó que la solicitud se presentó antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda y que los hechos estaban comprendidos, en principio, en el acuerdo arbitral. En aplicación del principio de competencia-competencia, señaló que corresponde inicialmente a los árbitros decidir sobre su propia competencia. También aclaró que el pacto solo vincula a quienes manifestaron su consentimiento y modificó la providencia para ordenar la remisión al arbitraje, sin rechazar la demanda.

El Consejo de Estado analizó la legalidad de la revocatoria de una licencia de construcción otorgada a la sociedad CARMAX H. Ariza y Cía. para levantar una edificación de dos pisos destinada a la venta de vehículos en un predio ubicado sobre la avenida Boyacá, en Bogotá, afectado por una reserva vial y una franja de control ambiental. La Sala concluyó que la autorización desconoció las normas urbanísticas, pues el uso comercial de escala urbana no estaba permitido por la respectiva Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ). Además, confirmó que sí existía una prohibición de construir en las áreas de control ambiental, como lo entendió el Tribunal, de acuerdo con los artículos 181 y 411 del POT, que las definen como franjas no edificables destinadas a proteger el entorno de los impactos de las vías y mejorar sus condiciones paisajísticas y ambientales. Precisó que esta restricción no se deriva de la reserva vial, sino de la colindancia del predio con la avenida Boyacá. Por ello, confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

El Consejo de Estado confirmó la decisión que declaró la nulidad de los actos de la DIAN que negaron a Themac Colombia S.A.S. la devolución de $262 millones pagados por IVA en la importación de 405 contenedores metálicos destinados al manejo de residuos sólidos. La Sala precisó que la certificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), requerida para acceder a la exclusión del impuesto por la destinación ambiental de los equipos, puede obtenerse y aportarse con posterioridad a la importación. Además, aclaró que la normativa no exige que la solicitud de certificación se presente antes de la declaración de importación, ni establece que la falta de ese documento en ese momento implique la pérdida del beneficio. En consecuencia, concluyó que la DIAN no podía imponer requisitos temporales no previstos en la regulación y confirmó la procedencia de la liquidación oficial de corrección para obtener la devolución del IVA.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) contra el departamento del Valle del Cauca, con las que buscaba recuperar las sumas retenidas por concepto de las estampillas Pro-Universidad del Valle y Pro-Hospitales Universitarios Departamentales sobre los pagos realizados por EMCALI por la transmisión de energía entre 2012 y 2016. La Sala concluyó que estas operaciones no están excluidas del gravamen por corresponder a una relación contractual entre agentes de la cadena eléctrica y no al consumo del servicio por parte del usuario final. Además, estableció que se configuró el hecho generador de la estampilla Pro-Universidad del Valle, pues Cali había adoptado su cobro para actos y documentos de entidades municipales, condición que comprende a EMCALI. En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia que había ordenado devolver parte de las sumas retenidas.