Consejo de Estado (6235)
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La sentencia establece que la mera existencia de problemas técnicos o económicos que afectan la producción en el programa de trabajos y obras (PTO) no exime al concesionario de su responsabilidad de mantener la vigencia de la póliza de garantía ambiental. Esto se fundamenta en que, independientemente de las circunstancias adversas, el concesionario tiene la obligación legal de garantizar la continuidad de dicha póliza. La ley 685 de 2001 y las normativas relacionadas determinan claramente que la póliza debe mantenerse vigente durante toda la duración del contrato de concesión. La existencia de dificultades no es causa suficiente para disminuir el valor asegurado de la póliza; en cambio, la estrategia adecuada en tales situaciones sería solicitar formalmente la modificación del PTO, apoyándose en las razones justificadas que evidencien la necesidad de ajustes en el volumen de producción. De este modo, el concesionario debe seguir cumpliendo con sus obligaciones contractuales y garantizar la cobertura de la póliza, reflejando la importancia de la responsabilidad continua a pesar de los retos enfrentados. En conclusión, las dificultades técnicas o económicas no modifican las obligaciones del concesionario, y deben abordarse mediante los mecanismos establecidos en la ley.
El Consejo de Estado condenó al municipio de Soledad a reconocer y pagar a la Sociedad Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C y F una compensación económica debido a la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de aseo, que había sido firmado el 13 de diciembre de 1991. La decisión se fundamenta en la falta de justificación adecuada por parte del municipio para la terminación del contrato, ya que los argumentos económicos esgrimidos no se ajustaron a las causales establecidas en el artículo 19 del Decreto Ley 222 de 1983.
En esta acción popular, el Consejo de Estado analiza la queja de los residentes del barrio Altos de Normandía-Bataclán en Cali, quienes reclaman la garantía de derechos colectivos, especialmente en lo referente al acceso a servicios públicos como agua potable y saneamiento. Los demandantes argumentan que las autoridades han incumplido su obligación de proveer estos servicios de manera eficiente y oportuna, lo que afecta su calidad de vida.
El Consejo de Estado ordenó a Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. cumplir con el Ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) debido a la grave contaminación de la Cuenca del río La Vieja, que afecta la calidad de vida de los habitantes de la región. Esta decisión se basa en la presentación de evidencia que muestra que las metas establecidas en el PSMV, aprobado inicialmente en 2009, no fueron cumplidas, alcanzando un 0% de cumplimiento en las metas de reducción de carga contaminante. El incumplimiento se tradujo en un seguimiento deficiente por parte de la empresa y la autoridad ambiental, pues no se evidenciarón los informes semestrales requeridos, ni se adoptaron medidas correctivas oportunas.
La autoridad minera y el beneficiario no pueden definir libremente el término de vigencia de la licencia de explotación debido a que este fue establecido por la ley, específicamente por el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988. Según esta normativa, la licencia de explotación tiene una duración fija de diez (10) años desde su inscripción en el Registro Minero. Este plazo es inmodificable y se basa en el principio de legalidad, que garantiza que las condiciones de los títulos mineros sean consistentes y predecibles.
La razón principal radica en que el demandante no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, exigido por la normativa del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). A pesar de que la controversia tenía una naturaleza económica dada la solicitud de formalización de minería tradicional, el Consejo determinó que las pretensiones eran susceptibles de conciliación, lo que imposibilitó su derecho al restablecimiento ante la falta de dicha conciliación previa.
En el contexto de los contratos, las "arras" se refieren a una suma de dinero entregada por una de las partes como garantía de cumplimiento del contrato. Según el Código Civil, si las partes no especifican la naturaleza de estas arras, se presumen como "arras de retracto". Esto significa que tanto el contratante que entrega las arras como el que las recibe tienen la facultad de desistirse del acuerdo a cambio de la entrega de esta suma.
El Consejo de Estado ordenó al Municipio de Valledupar y a Corpocesar elaborar y ejecutar un plan para la descontaminación del Río Guatapurí debido a la grave contaminación ocasionada por la disposición inadecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Esta decisión se fundamentó en la evidencia presentada, que demostraba la continua exposición del río a residuos sólidos y RCD, afectando así el derecho de la comunidad a un ambiente sano y generando un impacto negativo sobre la salubridad pública y el ecosistema local. A pesar de las acciones previas implementadas por el municipio, como la autorización de sitios para la disposición de RCD, se constató que solo un número limitado de estos estaban en funcionamiento y no se cumplían efectivamente las normativas de manejo de residuos. El Tribunal destacó la falta de control y medidas efectivas para erradicar la contaminación, lo que requirió acciones inmediatas para mitigar los daños causados y restablecer el equilibrio ecológico en la cuenca del río. Se impuso un plazo específico para identificar sitios críticos de residuos y coordinar acciones para evitar su depósito, evidenciando la urgente necesidad de un enfoque integral y de educación ambiental.
El Consejo de Estado concluyó que existe una amenaza a la infraestructura de servicios públicos y a la salubridad por la problemática del gallinazo negro en las proximidades del Aeropuerto Internacional Palonegro. Se evidencia que el manejo inadecuado de los residuos sólidos en los municipios de Bucaramanga y Girón ha generado focos de atracción para esta especie de ave, extendiéndose en un radio de trece kilómetros alrededor del aeropuerto. Dicha situación no solo compromete la salud pública, al propiciar condiciones insalubres, sino que también afecta directamente la seguridad de las operaciones aéreas, dado que los gallinazos negros pueden causar accidentes al chocar con aeronaves durante los vuelos.
Para el Consejo de Estado, la nulidad de los actos que conceden licencia ambiental para la construcción y operación de un relleno sanitario se fundamenta en la falta de presentación, de forma previa, del Programa Preventivo de Arqueología, exigido por la normativa vigente. Según la Ley 1185 de 2008, este programa es un requisito esencial y debe ser presentado ante la autoridad ambiental antes de la emisión de la licencia. La ausencia de este documento vicia el acto administrativo y cuestiona su legalidad, dado que impide verificar el impacto sobre el patrimonio arqueológico, lo cual es fundamental no solo para el Estado, sino también para la comunidad.
