Consejo de Estado (6666)
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El Consejo de Estado precisó los criterios de competencia para sanciones ambientales antes de la Ley 2387 de 2024. Determinó que, bajo el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 (versión previa), solo la autoridad ambiental que otorgó la licencia, permiso o concesión estaba facultada para imponer sanciones por infracciones ligadas a dicho instrumento. En el caso de la Empresa Minera Reina de Oro Ltda., CORPONOR no era competente para sancionar, ya que la CDMB había concedido el uso de aguas, y las infracciones estaban intrínsecamente relacionadas con esa concesión. La Sala anuló las sanciones impuestas por CORPONOR, reafirmando que la Ley 2387 de 2024 modificó esta exclusividad, validando la interpretación previa.
El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la Circular de la ANI sobre directrices para radares móviles en vías concesionadas. La decisión se basó en que la circular perdió sus efectos jurídicos tras la modificación normativa. El Decreto Ley 2106 de 2019 transfirió la competencia para autorizar los Sistemas Automáticos de Seguridad de Tránsito (SAST) de la ANI a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Por tanto, al carecer de vigencia y efectos ejecutables, la solicitud de suspensión provisional recaía sobre un acto sin fundamento legal actual.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el acto de la SSPD que revocó sanciones a la EPS de Cubarral. Dichas sanciones se originaron por silencio administrativo positivo frente a la solicitud de un usuario para conectar un servicio de acueducto. La decisión de suspensión se fundamenta en que la SSPD revocó los actos administrativos favorables al demandante sin su consentimiento previo, expreso y escrito. Esta omisión vulnera el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 y principios de debido proceso y seguridad jurídica, haciendo ilegal la revocatoria, a pesar de que la Superintendencia alegara un error de competencia por ser un asunto urbanístico.
El Consejo de Estado analizó un conflicto surgido en un contrato de interventoría, en el que se discutió, de un lado, la legalidad del factor multiplicador como fórmula para calcular los costos del servicio y, de otro, la exigencia del pago de aportes parafiscales como condición para reconocer y pagar el precio pactado. En el caso, el contratista reclamó el pago de sumas que, a su juicio, no podían condicionarse ni limitarse por dichas reglas. La Sala explicó que el factor multiplicador es un mecanismo válido y técnicamente aceptado en los contratos de interventoría, pues permite calcular los costos reales del personal, cargas prestacionales y gastos administrativos, siempre que esté previsto en el contrato y se aplique conforme a lo pactado. Asimismo, precisó que la exigencia de acreditar el pago de parafiscales no constituye una sanción ni una modificación del precio, sino una condición legal para el desembolso de recursos públicos, orientada a garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Por ello, el Consejo de Estado concluyó que la entidad actuó conforme al contrato y a la ley, y negó las pretensiones del contratista.
El Consejo de Estado concluyó que no son nulos por falsa motivación los actos administrativos mediante los cuales Corantioquia confirmó y mantuvo de manera definitiva una medida preventiva de prohibición de intervención directa sobre cuerpos de agua, pantanos y humedales ubicados en las haciendas Providencia y Uruguay, situadas en el departamento de Antioquia. La Sala explicó que la legalidad de la medida no dependía de que la autoridad ambiental acreditara una afectación efectiva de humedales, pues la motivación del acto se sustentó en el principio de precaución y en la necesidad de prevenir daños ambientales ante intervenciones no autorizadas en recursos hídricos. Señaló que las medidas preventivas tienen carácter temporal y autónomo, no sancionatorio, y pueden imponerse cuando exista riesgo de afectación ambiental, sin exigir prueba plena del daño. En ese contexto, Corantioquia actuó dentro de sus competencias legales y con motivación suficiente, por lo que no se configuró la falsa motivación alegada.
El Consejo de Estado negó la medida cautelar de suspensión provisional solicitada contra los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 063 de 2019 de la CREG, al considerar que no se acreditó, en esta etapa inicial, una infracción manifiesta de las normas superiores invocadas. La Sala explicó que la circular tiene carácter informativo y operativo, pues consolida y sistematiza criterios regulatorios aplicables al mercado de energía eléctrica. Los numerales demandados se refieren, entre otros aspectos, a obligaciones de reporte de información, condiciones operativas, lineamientos sobre comercialización, responsabilidades de los agentes y reglas técnicas para el funcionamiento del mercado. A juicio del Consejo de Estado, el análisis de legalidad exige un estudio de fondo, probatorio y técnico que no es propio de la medida cautelar, ya que no se evidenció una contradicción directa, evidente y palmaria con la ley o la Constitución. En consecuencia, la suspensión provisional fue negada.
El Consejo de Estado determinó que la Asamblea Departamental sí es competente para autorizar al gobernador a participar en la creación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, porque dicha autorización no implica crear directamente la empresa ni invadir competencias municipales o metropolitanas. La Sala precisó que la facultad se fundamenta en el artículo 300.9 de la Constitución, que permite a las asambleas autorizar al gobernador para ejercer funciones precisas y temporales, como la celebración de contratos, entre ellos el contrato de sociedad por acciones. Además, resaltó que la Ley 142 de 1994 autoriza a las entidades territoriales a participar en el capital de empresas de servicios públicos en ejercicio de sus funciones de apoyo financiero, técnico y administrativo. Así, la ordenanza se ajustó al marco constitucional y legal y buscó fortalecer la prestación regional del servicio, sin alterar la autonomía de los municipios.
El Consejo de Estado decretó la medida cautelar de suspensión provisional de una resolución expedida por la ANM al advertir, en un análisis preliminar, posibles vicios de legalidad en su expedición. La Sala encontró que el acto administrativo habría desconocido normas superiores que regulan el procedimiento y las garantías aplicables en materia minera, en particular los principios de debido proceso, legalidad y motivación suficiente. El alto tribunal consideró que la ANM adoptó la decisión sin una adecuada sustentación jurídica ni un análisis completo de las circunstancias fácticas y normativas del caso, lo que hacía procedente la intervención del juez contencioso. La suspensión se ordenó para evitar que el acto continuara produciendo efectos mientras se resuelve de fondo la legalidad de la resolución, en aras de preservar el orden jurídico y prevenir un posible perjuicio.
El Consejo de Estado precisó que en los contratos estatales de prestación de servicios profesionales la liquidación constituye el cierre definitivo de la relación contractual y tiene efectos jurídicos vinculantes para las partes. Explicó que el acta de liquidación bilateral permite definir el balance final de derechos y obligaciones, declarar el paz y salvo y dejar constancia de eventuales salvedades, las cuales, si no se formulan, impiden reclamaciones posteriores. La Sala aclaró que los compromisos asumidos en dicha acta no configuran un nuevo contrato, sino que desarrollan obligaciones ya pactadas. Asimismo, reiteró que la caducidad de la acción contractual es un instituto de orden público y, cuando existe liquidación de mutuo acuerdo, el término de dos años para demandar se cuenta desde la firma del acta. Vencido ese plazo, el juez debe declararla de oficio, aun si no es alegada por las partes.
El Consejo de Estado analiza los contratos llave en mano y precio global, donde el contratista se obliga a entregar un producto final "en estado de utilización" por una remuneración global única. Este precio abarca todos los costos directos e indirectos, y las utilidades, asumiendo el contratista la ejecución de todas las prestaciones necesarias, incluidas mayores o menores cantidades de obra o diseño, dado que las estimaciones iniciales no limitan sus obligaciones. No obstante, el sistema no implica una extensión ilimitada ni la asunción de riesgos anormales o imprevisibles. La interpretación contractual debe considerar la identidad integral, finalidad del proyecto, necesidades a suplir y el principio de buena fe (Art. 1603 C.C.), que obliga a cumplir con todo lo que emane de la naturaleza de la obligación. En el caso del Consorcio Malay, el Consejo reafirmó que la mención de un área específica (ej. 12.821,36 m²) era una referencia para dimensionar el contrato, no un límite, y el riesgo de mayores cantidades de diseño correspondía al contratista bajo la modalidad de precio global. El precio global pactado cubría integralmente todos los componentes, sin distinciones.
