Conceptos (1281)
La Superintendencia de Sociedades precisó el marco jurídico aplicable a la inversión en compañías que se encuentran en proceso de reorganización empresarial, incluyendo la posibilidad de que fondos de inversión colectiva o de capital privado adquieran participaciones en estas sociedades. Durante la negociación -esto es, desde la solicitud de admisión hasta la confirmación del acuerdo- rigen las restricciones del artículo 17 de la Ley 1116. En ese periodo, la sociedad no puede realizar reformas estatutarias ni operaciones que no correspondan al giro ordinario de sus negocios sin autorización expresa del juez del concurso. Por tanto, si la inversión implica una capitalización, emisión de acciones u otra operación extraordinaria, deberá contar con aval judicial previo.
La Entidad explicó que la sociedad está obligada a inscribir adjudicaciones de acciones en casos de sucesión, incluso si son en porcentajes o cuotas ideales que no equivalen a acciones completas. Debido a la indivisibilidad de las acciones, lo procedente es reconocer la copropiedad emitiendo un solo título por el total de acciones adjudicadas, detallando la proporción de cada propietario. La inscripción en el libro de registro de accionistas puede realizarse sin que los copropietarios hayan acreditado previamente la designación de un representante común. Esta designación es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de accionista, pero no es una condición para la inscripción de la adjudicación en el libro.
La Superintendencia de Sociedades precisa que la normativa societaria no exige la acreditación previa de idoneidad, honorabilidad, solvencia moral o confiabilidad para administradores, representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales u otros cargos de dirección/control. El marco legal se centra en evaluar la actuación posterior de estos roles, no en condiciones personales previas a su designación. No obstante, tales verificaciones son de interés en sistemas de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT) y para el oficial de cumplimiento. La entidad no realiza verificaciones previas, pero sí supervisa posteriormente el cumplimiento de deberes legales.
La Superintendencia de Sociedades precisó que las cláusulas de prórroga automática del término de duración en sociedades anónimas no tienen validez legal en Colombia. La entidad fundamenta su decisión en el Código de Comercio, que exige una duración "precisa y determinada" para estas empresas, imposibilitando plazos indefinidos que derivarían de tales prórrogas tácitas. La disolución de una sociedad anónima ocurre de forma automática al vencimiento de su término si no se realiza una prórroga expresa y válida previamente. No obstante, esta restricción no se aplica a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que sí están autorizadas a establecer una duración indefinida. El pronunciamiento enfatiza la necesidad de claridad en la vigencia societaria y la obligatoriedad de reformas estatutarias explícitas para extender la vida de las compañías tradicionales.
La Entidad precisó el inicio del término de caducidad para la acción de responsabilidad contra sociedades matrices o controlantes, según el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006. Dicha acción, con un plazo de cuatro años, procede cuando la insolvencia ha sido causada por la controlante. La entidad ha establecido que este período comienza a contarse desde la ejecutoria del auto de adjudicación de bienes dentro del proceso de liquidación judicial. Esta determinación es fundamental, ya que es en ese preciso momento cuando los acreedores obtienen la certeza definitiva sobre el pago total o parcial de sus créditos insatisfechos, desechando etapas previas que no ofrecen tal claridad.
La SuperSociedades aclaró que las IPS estaban inicialmente excluidas de la Ley 1116 de 2006 para procesos de insolvencia. El Decreto Legislativo 560 de 2020, que ofrecía medidas transitorias por la pandemia, ya no es aplicable, pues perdió su vigencia. Sin embargo, la Ley 2437 de 2024 incorpora permanentemente muchas disposiciones del Decreto 560. Crucialmente, su Artículo 7 permite a las IPS (anteriormente excluidas de la Ley 1116) adelantar un "Procedimiento de Recuperación Empresarial" ante las cámaras de comercio. Esta nueva legislación no está condicionada por las causas de la pandemia y aplica a sus destinatarios en los términos establecidos.
La Superintendencia de Sociedades aclaró que el estudio económico-social es un requisito legal indispensable para la creación de una cámara de comercio y debe demostrar, con evidencia técnica, la pertinencia económica, social y comercial de establecer una nueva entidad en una región determinada. Este estudio está previsto en el Decreto 1074 de 2015 y forma parte del procedimiento que debe surtirse ante la entidad para que el Gobierno Nacional autorice el funcionamiento de una cámara de comercio mediante acto administrativo.
La Superintendencia de Sociedades explicó que los establecimientos de comercio -como bodegas u otros locales destinados a actividades empresariales- deben inscribirse en el registro mercantil administrado por las cámaras de comercio, en cumplimiento de las obligaciones legales del comerciante. Señaló que la matrícula del establecimiento debe solicitarse dentro del mes siguiente a su apertura y renovarse anualmente dentro de los tres primeros meses del año, con información básica como denominación, dirección, actividad económica y datos del propietario.
La Superintendencia de Sociedades aclaró el procedimiento y las condiciones para las multas impuestas por infracciones al régimen cambiario, especialmente en inversión extranjera y endeudamiento. Si bien las sanciones pueden alcanzar hasta el 200% del monto de la infracción, la entidad confirma que los infractores que se allanen expresamente y por la totalidad de los cargos, durante el traslado de estos (15 días hábiles), pueden ver reducida su multa hasta un 70%. Este allanamiento debe dirigirse al Grupo de Régimen Cambiario de la Superintendencia, y el pago de las sanciones se gestiona a través de su portal web. La Supersociedades recuerda que sus conceptos son de carácter general y no vinculantes.
La Superintendencia de Sociedades recomienda la implementación voluntaria del SAGRILAFT como buena práctica empresarial. No obstante, precisa que si una sociedad no está obligada por los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica, la implementación voluntaria no genera la obligación de presentar el Informe 58 ni de reportar la designación del Oficial de Cumplimiento. Dichas obligaciones son exclusivas para los sujetos expresamente obligados. Aclara, sin embargo, que la Superintendencia mantiene sus facultades legales de supervisión sobre todas las entidades sujetas a su vigilancia, sin importar si la implementación del SAGRILAFT fue obligatoria o voluntaria.
