Conceptos (1336)
El endoso de facturas comerciales es un mecanismo regulado que permite la transferencia de derechos de cobro a un tercero. Según la Ley 1231 de 2008, la factura es un título valor que puede ser endosado, otorgando al nuevo tenedor derechos de cobro ante el deudor. Este debe aceptar el endoso y realizar el pago al legítimo tenedor del título, que puede ser el emisor original o quien lo haya recibido mediante endoso. La negativa del deudor a pagar puede ser considerada una inobservancia de la ley mercantil. Además, según el artículo 6º del Decreto 2669 de 2012, el endoso es válido incluso frente a acuerdos previos que prohíban tal acción. Asimismo, la legislación establece que cualquier estipulación que limite la circulación de la factura será considerada nula. Por lo tanto, es fundamental que los deudores cumplan con sus obligaciones frente al tenedor del título para evitar consecuencias legales.
La Superintendencia de Sociedades no es competente para pronunciarse sobre las sociedades de hecho debido a la derogación de los artículos del Código Civil relacionados con ellas, conforme a la Ley 222 de 1995. Este marco legal modifica el Libro II del Código de Comercio, pero no abarca disposiciones específicas sobre la sociedad de hecho, las cuales están contenidas en el artículo 498 y siguientes del Código de Comercio. Aunque la Superintendencia ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, su ámbito de competencia se limita a estas y no incluye las situaciones derivadas de sociedades de hecho, que carecen de formalización mediante escritura pública. Por ende, cualquier asunto relativo a la rendición de cuentas o procesos sucesorios vinculados a sociedades de hecho excede su capacidad de actuación y debe resolverse bajo otras normativas, quedando así en manos de instancias más adecuadas para abordar este tipo de situaciones legales.
SuperSociedades precisó que no es posible ordenar el secuestro de acciones nominativas en Colombia; en su lugar, la medida cautelar aplicable es el embargo, el cual se perfecciona mediante la inscripción de la respectiva orden judicial en el libro de registro de accionistas. Las acciones al portador no se encuentran vigentes, haciendo jurídicamente imposible su secuestro.
La Entidad abordó el tema de la debida diligencia en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT). Se enfatiza la importancia de identificar y verificar a los beneficiarios finales, incluso en casos complejos como el de personas desaparecidas. Se establece que las empresas obligadas deben adoptar medidas razonables para la identificación de contrapartes y sus beneficiarios, utilizando documentos y fuentes independientes. La verificación debe ser proporcional al nivel de riesgo, y es necesario entender la estructura de propiedad de las personas jurídicas para obtener información relevante.
Para transferir contratos de leasing financiero como aporte en especie, se deben cumplir las formalidades legales establecidas tanto en la ley como en el clausulado del contrato de leasing. Es crucial que el aportante siga siendo responsable de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las cuotas pendientes, a menos que las partes acuerden lo contrario. Además, es necesario que la cesión se realice de manera clara y documentada, asegurando que se respete la normativa aplicable. Así, la validez de la operación dependerá del cumplimiento de estos requisitos legales y la correcta formalización de la cesión de derechos y obligaciones. Todo proceso debe estar fundamentado para garantizar su legalidad y la protección de los intereses de todas las partes involucradas
la Superintendencia de Sociedades responde a dos interrogantes planteados por un consultante. La primera pregunta se refiere a si la "vacancia judicial" mencionada en la Resolución 2024-01-925581 interrumpe el conteo de los 20 días hábiles para que los acreedores presenten sus créditos, que comienzan a contarse a partir de la desfijación del aviso de apertura del proceso de liquidación. La respuesta señala que no se debe hablar de vacancia judicial, ya que la Superintendencia es un organismo administrativo y no judicial. En lugar de interrumpir, la resolución ordena la suspensión de términos, lo que implica que el tiempo sigue corriendo una vez finalizada la pausa dispuesta en la resolución.
Los consorcios y uniones temporales no son considerados sujetos de la Ley de Insolvencia Empresarial
Los consorcios y uniones temporales no son considerados sujetos de la Ley 1116 de 2006, que regula la insolvencia empresarial, debido a su naturaleza. Estas entidades no poseen personería jurídica, al no cumplir los elementos esenciales de un contrato de sociedad, como el acuerdo sobre aportes y la distribución de utilidades. En un consorcio, varias personas o entidades colaboran en un proyecto común, manteniendo su independencia jurídica, y asumiendo responsabilidad solidaria por las obligaciones contractuales. Este modelo de colaboración no permite el acceso a procesos de reorganización, ya que para ello sería necesario que las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal también participaran. Por lo tanto, en un caso de insolvencia, deben ser los integrantes individuales quienes busquen protección bajo la Ley 1116, no el consorcio en su conjunto, reflejando así la incapacidad de estos grupos para beneficiarse de este régimen concursal.
La Entidad examinó la regulación de los códigos CIIU y su relevancia para los comerciantes. Las actividades económicas a registrar deben ajustarse al Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Cuando un establecimiento utiliza un código CIIU prohibido, la Cámara de Comercio debe asegurarse de que las actividades se alineen con las normativas vigentes y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Si una actividad está prohibida, la Cámara no procederá con la inscripción y exigirá documentación que acredite que el uso del suelo es permitido.
La Entidad precisó el tratamiento de los pasivos contingentes en el contexto de los procesos de insolvencia según la Ley 1116 de 2006. Se define que un pasivo contingente es una obligación potencial que puede surgir de eventos pasados y que solo se confirmará con el surgimiento de hechos futuros inciertos que no están totalmente bajo el control de la entidad. Esta norma distingue entre provisiones, que son pasivos reconocidos, y pasivos contingentes, que no cumplen con criterios de reconocimiento.
Si un socio decide constituir garantías mobiliarias sobre sus acciones, el derecho de preferencia seguirá siendo válido y debe ser respetado. Esto significa que, ante un incumplimiento relacionado con las obligaciones hacia el acreedor de la garantía, se requerirá que se respete el procedimiento de ejercicio del derecho de preferencia por parte de la sociedad o los socios antes de que la garantía pueda ser efectivamente utilizada. El derecho de preferencia en relación a la negociación de acciones implica que, antes de que un socio pueda transferir sus acciones a un tercero, debe ofrecerlas primero a la sociedad o a los demás socios. Este derecho actúa como una restricción a la libre negociación de las acciones, asegurando que los actuales socios tengan la oportunidad de adquirir las acciones antes de que se realice cualquier transferencia a forasteros.
