Conceptos (1304)
La Superintendencia de Sociedades establece que las páginas web o sitios de Internet de origen colombiano que desarrollan actividades económicas comerciales, financieras o de prestación de servicios deben inscribirse en el registro mercantil. Esta obligación se fundamenta en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, que busca garantizar la publicidad y la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. La inscripción permite identificar a los agentes económicos que operan en el entorno digital y facilita el control tributario por parte de la administración.
La Superintendencia de Sociedades precisa que una compañía no puede participar como comunera en la propiedad de acciones readquiridas. Esto se fundamenta en que la readquisición de acciones por parte de la sociedad genera una incompatibilidad con la propiedad en comunidad, ya que los derechos de la sociedad que readquiere las acciones quedarían en suspenso. Esto contrasta con los derechos de los otros copropietarios, lo que afecta la indivisibilidad de la acción, tal como lo estipula el artículo 378 del Código de Comercio. La Superintendencia aclara que, aunque la ley permite la readquisición de acciones, esta no puede llevarse a cabo en porcentajes que generen copropiedad, ya que esto implicaría que la sociedad no podría ejercer plenamente los derechos de accionista. Además, se menciona que la readquisición de acciones debe realizarse con fondos de utilidades líquidas y que, en caso de que se readquieran, los derechos políticos de las acciones quedarían en suspenso, lo que afectaría el quórum deliberativo y decisorio de la sociedad. Por lo tanto, la Superintendencia concluye que no es viable que una sociedad actúe como comunera en la propiedad de acciones readquiridas.
La Entidad precisa que la evolución de la legislación comercial en Colombia se divide en tres etapas principales. La primera etapa estuvo marcada por la legislación española, que se mantuvo vigente hasta la sanción del primer Código Nacional de Comercio en 1853. Este código, inspirado en el de España de 1829, introdujo cambios significativos, como la adopción del criterio objetivo del Código Napoleónico para definir la calidad de comerciante y la derogación de las Ordenanzas de Bilbao.
La Entidad analiza la situación de una sucursal de una sociedad extranjera que opera bajo el régimen especial de hidrocarburos y realiza movimientos ISCA con otra sociedad extranjera en el contexto de posibles infracciones al régimen cambiario. Se considera si estas transacciones pueden constituir una infracción y se examina la competencia de las entidades para investigar tales situaciones. En particular, se menciona que la competencia para regular el régimen cambiario especial del sector de hidrocarburos y minería recae en el Banco de la República, que establece las condiciones y obligaciones para las sucursales de sociedades extranjeras en este sector. Además, se señala que las respuestas en sede consultiva no son vinculantes y no comprometen la responsabilidad de la Entidad, lo que implica que cada caso debe ser evaluado en su contexto específico.
La Superintendencia de Sociedades establece que los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados a la sociedad, socios o terceros, según el artículo 200 del Código de Comercio. Esta responsabilidad se mantiene independientemente de si los administradores fueron elegidos mediante el sistema de cuociente electoral, que busca una representación proporcional de los accionistas. No se contemplan atenuantes o exoneraciones de responsabilidad por el método de elección. Los administradores que ignoren el mandato del artículo 197, que regula el cuociente electoral, pueden enfrentar acciones judiciales por parte de socios minoritarios. Además, cualquier cláusula que intente limitar la responsabilidad de los administradores será considerada nula. En resumen, la normativa enfatiza que la responsabilidad de los administradores es ineludible, y su elección por cuociente electoral no altera esta obligación legal.
La Superintendencia de Sociedades aclara que, en el marco del proceso de reestructuración bajo la Ley 550 de 1999, las obligaciones fiscales, incluyendo retenciones a favor de autoridades fiscales, no se gradúan ni califican para ser negociadas en el acuerdo de reestructuración. La Ley 1429 de 2010 establece que estas retenciones deben ser atendidas como gastos de administración en el proceso de reorganización, pero no se aplica a la reestructuración. En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social, estos son susceptibles de ser graduados y calificados para su negociación en el acuerdo. Respecto a las garantías mobiliarias constituidas tras la Ley 1676 de 2013, se reitera que estas gozan de preferencia, pero su tratamiento específico deberá alinearse con los lineamientos de la ley 550. La entidad enfatiza que el cumplimiento de estas normativas es esencial para la validez del proceso de reestructuración.
La Entidad aclara que el plazo para que el secretario remita el acta de una reunión ordinaria es de 30 días, conforme al artículo 21 de la Ley 222 de 1995. Este plazo se aplica a actas de reuniones no presenciales y decisiones por escrito. En cuanto al contenido del acta, debe incluir detalles como lugar, fecha, asistentes, asuntos tratados y decisiones adoptadas, según el artículo 431 del Código de Comercio.
La Superintendencia de Sociedades indica que los miembros de la junta directiva de las Cámaras de Comercio designados por el Gobierno Nacional están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades según la Ley 1727 de 2014, salvo en las excepciones mencionadas para miembros de junta elegidos. Específicamente, se incluye información acerca de la naturaleza de los cargos de los auxiliares de justicia y se remite al Código General del Proceso. También se menciona que estos miembros deben tener un título profesional con al menos cinco años de experiencia en áreas relevantes para las funciones de las Cámaras de Comercio. Las causas de inhabilitación incluyen ser socio o administrador de una sociedad en la que participe un funcionario de la Cámara, haber ejercido cargos públicos recientemente, pertenecer a órganos de decisión política o haber sido sancionado por incumplimiento de normas, entre otras.
La Superintendencia de Sociedades, en el contexto del SAGRILAFT, precisa la necesidad de que las empresas realicen debida diligencia sobre todas las contrapartes con las que mantienen relaciones comerciales, no solo sobre los clientes. Esto incluye identificarlos, conocer su actividad económica, y verificar la identidad de los beneficiarios finales. Las contrapartes abarcan a cualquier persona natural o jurídica con vínculos comerciales con la empresa, como empleados, proveedores y contratistas.
La Superintendencia de Sociedades precisa que los auxiliares de la justicia no son considerados servidores públicos a través de la interpretación de la normativa vigente, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política. Este artículo define quiénes son considerados servidores públicos y deja claro que los particulares que ejercen funciones públicas de manera temporal, como los liquidadores, no caen bajo esta categoría. Según el Decreto 1074 de 2015, los promotores, liquidadores y agentes interventores son clasificados como auxiliares de la justicia, lo cual implica que realizan oficios públicos, pero no tienen un vínculo laboral con el Estado ni son servidores en el sentido estricto. Además, la Corte Constitucional y el Departamento Administrativo de la Función Pública han aclarado que estos auxiliares desempeñan funciones ocasionales y se rigen por un régimen de honorarios, no siendo parte del régimen de servidores públicos. Por lo tanto, su condición es de particulares que cumplen funciones públicas temporalmente, lo que refuerza su estatus no público.
