Conceptos (1336)
La subrogación o cesión de acreencias transfiere al nuevo acreedor todos los derechos, privilegios y votos del acreedor original. Cuando un acreedor vinculado o accionista adquiere una acreencia hipotecaria financiera de tercera clase, conserva la categoría financiera y la prelación legal del crédito. Sin embargo, para la formación de mayorías y la votación en acuerdos de reorganización, debe considerarse su condición de vinculado, lo que impone limitaciones específicas en la determinación de mayorías y plazos. Además, los créditos con personas especialmente relacionadas al deudor están legalmente postergados en el pago. En resumen, aunque la subrogación garantiza derechos patrimoniales, la vinculación influye en la votación y en los términos de los acuerdos de reorganización.
El fundamento normativo que debe consultar la Cámara de Comercio para determinar la legitimidad activa en la interposición de recursos de reposición y apelación contra actos administrativos relacionados con registros en el certificado de existencia y representación legal proviene de la Circular Externa 100-000002 del 25 de abril de 2022, específicamente en los numerales 1.12.1.2 y 1.12.1.3.2, que regulan los recursos administrativos. En esta regulación se establece que la Cámara debe verificar que el solicitante acredite el interés legítimo para interponer el recurso, mediante prueba sumaria o comprobación en el registro público, y que la admisión y trámite del recurso obedecen a estos requisitos. Así mismo, se enfatiza que la legitimación se fundamenta en la acreditación del interés jurídico en el recurso para proceder con su evaluación y eventual resolución.
En sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), la facultad de autorizar al administrador para participar en actos que impliquen conflicto de intereses o competencia con la sociedad es indelegable y corresponde exclusivamente a la Asamblea General de Accionistas, según el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 046 de 2024. No es posible transferir esta potestad, ni siquiera a un Comité de Ética o de Buen Gobierno, pese a que el decreto no lo prohíbe expresamente. Esta regla es aplicable independientemente del número de accionistas o tamaño de la sociedad. La autorización debe otorgarse sólo si no perjudica los intereses sociales, y los asociados que aprueben actos perjudiciales serán responsables por los daños ocasionados.
El proceso de normalización pensional por reestructuración (fusión por absorción) cuando la empresa absorbida tiene un pasivo pensional se rige por dos regímenes: obligatorio y voluntario. En este contexto, la fusión implica la disolución de la empresa absorbida, pero no su liquidación, ya que se produce un traslado universal de activos y pasivos a la empresa absorbente, que asume todas las obligaciones. La empresa absorbente puede acceder al régimen voluntario en cualquier momento, cumpliendo con requisitos previos. La Superintendencia de Sociedades revisa y autoriza el mecanismo elegido, previa aprobación del cálculo actuarial y concepto favorable del Ministerio de Trabajo, quienes evalúan la capacidad financiera para asumir las obligaciones pensionales. Este proceso busca garantizar el pago oportuno de las pensiones y asegurar la continuidad del derecho pensional en el marco legal vigente.
Para declarar solidariamente responsables al promotor y al administrador que, por dolo o culpa grave, excluyan un crédito reconocido en un proceso de insolvencia, primero se debe verificar que existió una omisión voluntaria y consciente en la inclusión del crédito en el proyecto de calificación y graduación de créditos. En el proceso de reorganización, la responsabilidad recae en administradores, revisores fiscales y contadores que elaboran dicho proyecto, no en el promotor, quien actualiza la información entregada por el deudor. La acción de responsabilidad procede en la jurisdicción civil, no ante la Superintendencia de Sociedades, conforme al artículo 26 de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. El acreedor afectado debe promover la demanda civil para obtener resarcimiento por daños.
La SuperSociedades explica que el derecho de preferencia pactado en los estatutos de una sociedad anónima limita la transferencia voluntaria de acciones, pues exige ofrecer primero la venta a la sociedad o socios antes de negociarlas a terceros. Sin embargo, este derecho de preferencia no imposibilita que los socios constituyan garantías mobiliarias sobre sus acciones, siempre que se respeten las restricciones estatutarias y legales. La constitución de garantías mobiliarias no impide, en principio, la libre negociabilidad de las acciones, pero si existe un pacto de preferencia, su efecto y validez están condicionados por dicho derecho. Para hacer efectivas estas garantías, el acreedor y el socio deben gestionar correctamente el ejercicio del derecho de preferencia, acreditando su legitimidad y siguiendo los procedimientos establecidos. La existencia del pacto de preferencia puede limitar o condicionar las garantías que recaen sobre las acciones, pero no prohíbe su otorgamiento en términos generales.
Aunque no se tenga una sede física fija, la sociedad debe registrar en la Cámara de Comercio la dirección donde recibirá notificaciones judiciales y electrónicas, según lo dispuesto en el artículo 291 del Código General del Proceso. La elección del domicilio es una decisión voluntaria de los socios, que debe reflejarse en los estatutos y puede modificarse posteriormente mediante reforma estatutaria. Aunque en la actualidad no es obligatorio tener una sede física, sí es imprescindible registrar una dirección física en la Cámara de Comercio para fines legales y de notificación.
La Superintendencia de Sociedades explicó que, en el marco de la Ley 1116 de 2006, el desistimiento tácito en un proceso de reorganización de pasivos, aunque no está regulado de forma específica en esta ley, implica que, en caso de inactividad del deudor, puede decretarse dicho desistimiento, especialmente si sucede antes de la firma del acuerdo. Una vez declarado, no hay restricción legal para que una empresa solicite una nueva admisión al proceso de reorganización en cualquier momento, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. La entidad señaló que el desistimiento tácito es un evento excepcional y que, en ciertos casos, las solicitudes de reingreso pueden analizarse a partir de principios de buena fe y seguridad jurídica, sin que ello implique necesariamente una conducta abusiva. La Ley 2437 de 2024, que incorpora disposiciones de los Decretos 560 y 772 de 2020, promueve también que, ante el fracaso de una negociación o proceso de reorganización, el deudor pueda solicitar otra admisión en los términos de la Ley 1116 de 2006. La Superintendencia aclaró que su competencia no incluye emitir pronunciamientos sobre decisiones procesales específicas ni asesorar sobre casos particulares, limitándose a ofrecer conceptos generales en función de las normativas y precedentes existentes.
La Entidad señala que los administradores responden solidaria e ilimitadamente por los daños causados a la sociedad, socios o terceros, en caso de dolo o culpa (Ley 222 de 1995). Si los administradores incumplen sus funciones o violan la ley al distribuir utilidades, se presume su culpa y serán responsables por las sumas no repartidas o distribuidas en exceso. La Ley 1258 sobre sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) ofrece flexibilidad en el reparto de utilidades. Establece que este debe reflejarse en estados financieros auditados, y se permite a los accionistas establecer reglas sobre cómo y cuándo distribuir utilidades en los estatutos, más allá de las disposiciones del Código de Comercio. Las decisiones sobre la distribución de utilidades deben adoptarse en asambleas, con las mayorías necesarias según los estatutos.
El Comité de Vigilancia, en el marco de la ejecución de un acuerdo de reestructuración conforme a la Ley 550 de 1999, tiene facultades esenciales. Primero, su principal función es garantizar que se cumplan las disposiciones establecidas en el acuerdo, actuando como un órgano representativo de los acreedores. Segundo, puede interpretar y modificar cláusulas ambiguas del acuerdo, siempre que estas facultades estén explícitamente conferidas en el texto del mismo.
