Conceptos (1263)
El proceso de normalización pensional por reestructuración (fusión por absorción) cuando la empresa absorbida tiene un pasivo pensional se rige por dos regímenes: obligatorio y voluntario. En este contexto, la fusión implica la disolución de la empresa absorbida, pero no su liquidación, ya que se produce un traslado universal de activos y pasivos a la empresa absorbente, que asume todas las obligaciones. La empresa absorbente puede acceder al régimen voluntario en cualquier momento, cumpliendo con requisitos previos. La Superintendencia de Sociedades revisa y autoriza el mecanismo elegido, previa aprobación del cálculo actuarial y concepto favorable del Ministerio de Trabajo, quienes evalúan la capacidad financiera para asumir las obligaciones pensionales. Este proceso busca garantizar el pago oportuno de las pensiones y asegurar la continuidad del derecho pensional en el marco legal vigente.
Para declarar solidariamente responsables al promotor y al administrador que, por dolo o culpa grave, excluyan un crédito reconocido en un proceso de insolvencia, primero se debe verificar que existió una omisión voluntaria y consciente en la inclusión del crédito en el proyecto de calificación y graduación de créditos. En el proceso de reorganización, la responsabilidad recae en administradores, revisores fiscales y contadores que elaboran dicho proyecto, no en el promotor, quien actualiza la información entregada por el deudor. La acción de responsabilidad procede en la jurisdicción civil, no ante la Superintendencia de Sociedades, conforme al artículo 26 de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. El acreedor afectado debe promover la demanda civil para obtener resarcimiento por daños.
La SuperSociedades explica que el derecho de preferencia pactado en los estatutos de una sociedad anónima limita la transferencia voluntaria de acciones, pues exige ofrecer primero la venta a la sociedad o socios antes de negociarlas a terceros. Sin embargo, este derecho de preferencia no imposibilita que los socios constituyan garantías mobiliarias sobre sus acciones, siempre que se respeten las restricciones estatutarias y legales. La constitución de garantías mobiliarias no impide, en principio, la libre negociabilidad de las acciones, pero si existe un pacto de preferencia, su efecto y validez están condicionados por dicho derecho. Para hacer efectivas estas garantías, el acreedor y el socio deben gestionar correctamente el ejercicio del derecho de preferencia, acreditando su legitimidad y siguiendo los procedimientos establecidos. La existencia del pacto de preferencia puede limitar o condicionar las garantías que recaen sobre las acciones, pero no prohíbe su otorgamiento en términos generales.
Aunque no se tenga una sede física fija, la sociedad debe registrar en la Cámara de Comercio la dirección donde recibirá notificaciones judiciales y electrónicas, según lo dispuesto en el artículo 291 del Código General del Proceso. La elección del domicilio es una decisión voluntaria de los socios, que debe reflejarse en los estatutos y puede modificarse posteriormente mediante reforma estatutaria. Aunque en la actualidad no es obligatorio tener una sede física, sí es imprescindible registrar una dirección física en la Cámara de Comercio para fines legales y de notificación.
La Superintendencia de Sociedades explicó que, en el marco de la Ley 1116 de 2006, el desistimiento tácito en un proceso de reorganización de pasivos, aunque no está regulado de forma específica en esta ley, implica que, en caso de inactividad del deudor, puede decretarse dicho desistimiento, especialmente si sucede antes de la firma del acuerdo. Una vez declarado, no hay restricción legal para que una empresa solicite una nueva admisión al proceso de reorganización en cualquier momento, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. La entidad señaló que el desistimiento tácito es un evento excepcional y que, en ciertos casos, las solicitudes de reingreso pueden analizarse a partir de principios de buena fe y seguridad jurídica, sin que ello implique necesariamente una conducta abusiva. La Ley 2437 de 2024, que incorpora disposiciones de los Decretos 560 y 772 de 2020, promueve también que, ante el fracaso de una negociación o proceso de reorganización, el deudor pueda solicitar otra admisión en los términos de la Ley 1116 de 2006. La Superintendencia aclaró que su competencia no incluye emitir pronunciamientos sobre decisiones procesales específicas ni asesorar sobre casos particulares, limitándose a ofrecer conceptos generales en función de las normativas y precedentes existentes.
La Entidad señala que los administradores responden solidaria e ilimitadamente por los daños causados a la sociedad, socios o terceros, en caso de dolo o culpa (Ley 222 de 1995). Si los administradores incumplen sus funciones o violan la ley al distribuir utilidades, se presume su culpa y serán responsables por las sumas no repartidas o distribuidas en exceso. La Ley 1258 sobre sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) ofrece flexibilidad en el reparto de utilidades. Establece que este debe reflejarse en estados financieros auditados, y se permite a los accionistas establecer reglas sobre cómo y cuándo distribuir utilidades en los estatutos, más allá de las disposiciones del Código de Comercio. Las decisiones sobre la distribución de utilidades deben adoptarse en asambleas, con las mayorías necesarias según los estatutos.
El Comité de Vigilancia, en el marco de la ejecución de un acuerdo de reestructuración conforme a la Ley 550 de 1999, tiene facultades esenciales. Primero, su principal función es garantizar que se cumplan las disposiciones establecidas en el acuerdo, actuando como un órgano representativo de los acreedores. Segundo, puede interpretar y modificar cláusulas ambiguas del acuerdo, siempre que estas facultades estén explícitamente conferidas en el texto del mismo.
El representante legal de una sociedad controlante no tiene la capacidad para otorgar poderes en representación de una sociedad controlada, incluso si la controlante es la única accionista de la controlada. Esto se fundamenta en el principio de autonomía de la personalidad jurídica de cada sociedad, que mantienen su individualidad y derechos, actuando de manera independiente. Así, el poder debe ser otorgado por el representante legal de la sociedad que confiere dicho poder, ya que cada entidad conserva su propia personalidad jurídica y ninguna puede actuar en nombre de la otra sin la autorización correspondiente. Esta situación está respaldada por la normativa colombiana, en particular por la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020, que refuerzan que las sociedades en un grupo empresarial no crean un nuevo ente jurídico.
El análisis sobre la caducidad de la acción social de responsabilidad, según la Superintendencia de Sociedades, se centra en cómo y cuándo empieza a contarse el término de prescripción de cinco años establecido en la Ley 222 de 1995. Se plantean diversas preguntas sobre el inicio de este término, abordando momentos como la decisión de los accionistas de iniciar la acción o la cesación de la conducta dañina del administrador. La Superintendencia aclara que su función consultiva no puede abordar casos particulares, dejando la determinación de la prescripción a la autoridad judicial competente en cada caso concreto. Se enfatiza que el artículo 235 de la Ley 222 establece normas especiales que desplazan otras disposiciones en materia de prescripción. En conclusión, el inicio del término de caducidad y las circunstancias que lo afectan deben ser evaluados con base en el contexto específico de cada situación, y no hay una regulación única aplicable a todos los casos.
Para declarar solidariamente responsables al promotor y al administrador que, por dolo o culpa grave, excluyan un crédito reconocido en un proceso de insolvencia, se debe seguir un procedimiento específico. En primer lugar, el acreedor afectado tiene derecho a perseguir civilmente a los administradores, contadores públicos y revisores fiscales responsables en cualquier momento. Esta acción puede ejercerse si se demuestra que las acreencias no fueron incluidas intencionadamente en el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos, afectando así los derechos del acreedor.
