ST Sent. de Tutela (444)
La Corte Constitucional analizó a través de una tutela, el ruido como factor de contaminación ambiental, enfatizando la necesidad de prevenir y controlar las emisiones sonoras para proteger el bienestar ciudadano y el ambiente. Reconoció que las regulaciones deben establecer límites claros y mecanismos de control para evitar perturbaciones que afecten el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, la Corte destacó la importancia de equilibrar esta regulación con el respeto a las libertades económicas, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, como los pregoneros, quienes dependen del perifoneo para su subsistencia. Se subrayó la obligación del Estado de garantizar un trato diferenciado y proteger los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, promoviendo soluciones que permitan el ejercicio digno de sus actividades sin afectar la convivencia ni superar los niveles de ruido permitidos. La Corte ordenó al municipio evaluar los niveles de ruido y proponer alternativas que respeten estos derechos, fortaleciendo un enfoque integral que combine la protección ambiental con medidas sociales inclusivas.
La Corte Constitucional estudió dos tutelas de mujeres afectadas por inyecciones de biopolímeros que generaron problemas de salud. En un caso se ordenó que la paciente fuera remitida de medicina general a cirugía plástica; en el otro se negó el retiro del biopolímero por considerar que no afectaba funcionalidad. La Corte reafirmó que las EPS deben cubrir diagnóstico y tratamiento, incluyendo consultas y procedimientos para retirar biopolímeros, sin alegar que son secuelas de cirugías estéticas. Reiteró que la cirugía debe ser funcional: no solo estética, debe corregir una patología que afecte salud o dignidad, con orden médica que justifique la intervención, protegiendo derechos a la salud, vida digna e integridad.
La Corte Constitucional protegió a un bombero voluntario musulmán que fue excluido del Cuerpo de Bomberos Voluntarios por mantener su barba, una expresión religiosa relevante para su fe. La Sala Séptima de Revisión concluyó que se vulneraron varios derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa, al no justificar la exclusión con un fin constitucionalmente válido ni necesario para proteger la seguridad. Además, se vulneró el derecho a la igualdad, al aplicar un trato diferenciado basado en su creencia religiosa, y el derecho al debido proceso, dado que la decisión se tomó sin que el accionante pudiera presentar descargos ni pruebas. También se constató la violación del derecho de petición, al no ser atendidas oportunamente dos solicitudes del bombero. Por ello, la Corte ordenó dejar sin efecto su exclusión y su reinstalación, y prohibió nuevos actos discriminatorios.
La Corte Constitucional amparó el derecho de un ciudadano a transmitir en redes sociales las sesiones del Concejo municipal de San Antonio de Palmito, Sucre, tras impedirse su transmisión por concejales que argumentaban falta de acreditación periodística, autorización de datos personales y parcialidad. La Corte enfatizó que la libertad de expresión y el derecho a la información son esenciales para el control político y la democracia. Destacó que no se puede exigir acreditación periodística para difundir información pública y que las sesiones de órganos colegiados políticos son públicas y pueden ser transmitidas.
La Corte Constitucional evidenció un cumplimiento insuficiente de las órdenes sobre el derecho al agua para la niñez Wayuu debido a la insuficiencia y desorganización de la información reportada por las entidades encargadas. Las medidas adoptadas no muestran impacto efectivo en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, limitándose a acciones urgentes de corto plazo sin una estrategia a mediano y largo plazo. Además, se identificaron cinco bloqueos institucionales: debilidades en la recolección de información, planificación, ejecución y adquisición de recursos, aspectos contractuales y desarticulación institucional. La ausencia de una política pública adecuada agrava la situación y vulnera los derechos de la niñez Wayuu. Las entidades responsables incluyen las del sector agua a nivel nacional y territorial, Comité Técnico de Agua del MESSEP, Ministerio Público y Contraloría General, quienes deben coordinar y garantizar la prestación efectiva del servicio de agua.
La Corte Constitucional revisó un caso donde una familia demandó a una IPS y EPS por no informar oportunamente el diagnóstico de cáncer tras una cirugía de vesícula biliar. La institución no comunicó ni explicó los resultados del estudio patológico, y el paciente falleció meses después, sin conocer su enfermedad. La Corte encontró que la sentencia previa desestimó erróneamente la responsabilidad, vulnerando derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia. Por ello, ordenó emitir una nueva sentencia y señaló que las instituciones deben garantizar la entrega clara, oportuna y trazable de resultados clínicos, especialmente en enfermedades graves, para proteger la autonomía y dignidad del paciente.
La Corte Constitucional ordenó al SENA retirar las cámaras de videovigilancia instaladas en las aulas de una sede educativa en Girardot porque dicha medida lesionaba derechos fundamentales como la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el habeas data, y el derecho a la intimidad. La Corte recordó que las aulas son espacios esenciales para el libre intercambio de ideas, la construcción de conocimiento y el desarrollo personal y social, donde debe garantizarse un ambiente abierto y pluralista sin interferencias que coarten la libre expresión. Además, señaló que la instalación y operación de las cámaras no cumplió con las obligaciones legales en materia de protección de datos personales, ni se informó ni se consideraron los impactos sobre la comunidad académica. La medida fue calificada como desproporcionada, innecesaria y poco razonable, pues no se demostró que las cámaras protegieran bienes especialmente valiosos ni que fueran indispensables para la convivencia o integridad de docentes y estudiantes, existiendo alternativas menos lesivas para la seguridad.
La Corporación Autónoma Regional (CAR) multó a unos campesinos por la tala sin permiso de cuatro robles, imponiéndoles una multa y una medida de compensación ambiental. La Corte concluyó que, aunque la multa busca proteger el medio ambiente y es idónea para ese fin, no es necesaria ni estrictamente proporcional en este caso. Por ello, ordenó sustituir la multa por servicio comunitario ambiental y mantener la medida compensatoria de siembra de árboles.
La Corte Constitucional reconoció el derecho de las comunidades negras, raizales y palenqueras a la titulación colectiva de tierras en zonas de bajamar, a pesar de que estas áreas están clasificadas como bienes de uso público, debido a su ocupación ancestral y la vinculación cultural, social y económica que estas comunidades mantienen con el territorio. Esta decisión se fundamenta en la obligación estatal de salvaguardar los derechos al territorio y a la propiedad colectiva, como bases para proteger la identidad e integridad cultural, así como la subsistencia de estos pueblos, garantizando además sus prácticas ancestrales y el manejo sostenible de ecosistemas como los bosques de manglar.
La Corte Constitucional decidió que, a pesar de que el resguardo indígena solicitó la nulidad de las resoluciones que aprobaron la consulta previa y que culminaron con la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en 2012 y 2018, no es posible dejar sin efectos dichas consultas previas realizadas en esos años. La decisión se basa en que, en la consulta previa de 2012, aunque Parques Nacionales Naturales afirmó que la comunidad indígena aceptó la ampliación, no hubo traslape con el territorio indígena, y en la consulta de 2018, el resguardo manifestó explícitamente su deseo de que no hubiera traslapes y la autoridad ambiental respetó esa decisión excluyendo el territorio indígena de la ampliación. Por lo tanto, la Corte concluye que el área protegida no puede abarcar parte del territorio colectivo indígena y que la delimitación cartográfica y los linderos deben respetar esta situación particular, manteniendo vigentes las consultas previas realizadas.
