La CRA finalizó la renovación tarifaria del país, beneficiando a más de 16,5 millones de colombianos, un 24% de ellos en zonas rurales, con tarifas justas y sostenibles. Mediante la Resolución 1038 del 30 de junio de 2026, se expidió el Nuevo Marco Tarifario para Pequeños Prestadores y Gestores Comunitarios de Acueducto y Alcantarillado. Esta regulación, aplicable a operadores con hasta 5.000 suscriptores urbanos y todos los rurales o comunitarios, reconoce sus particularidades y fortalece la gestión del agua. Este marco, producto de una colaboración interinstitucional, culmina la actualización tarifaria para los próximos cinco años, complementando la regulación para grandes prestadores.

El Consejo de Estado precisó que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen el deber legal de operar, mantener y reparar las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar una prestación continua, eficiente y segura del servicio, por lo que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una falla en la prestación del servicio. La corporación explicó que, en materia de alcantarillado, la eficiencia no solo implica la existencia del prestador, sino también evitar vertimientos de aguas residuales, riesgos sanitarios, afectaciones ambientales y daños a terceros. En consecuencia, determinó que el colapso de una tubería y el vertimiento de aguas residuales en un inmueble privado generan responsabilidad patrimonial cuando se demuestra la omisión en el mantenimiento y reparación de la infraestructura. Asimismo, aclaró que esta responsabilidad de la empresa puede concurrir con la del municipio o distrito cuando este incumple su deber de asegurar la prestación eficiente del servicio y de adoptar medidas oportunas para prevenir o atender la emergencia.

La CREG prorrogó el plazo para la presentación de propuestas técnicas y estudios destinados a modernizar el mecanismo de aseguramiento de la confiabilidad del sistema energético colombiano. Originalmente fijado para el 30 de junio de 2026, la Dirección Ejecutiva de la CREG ha extendido el término hasta el 15 de julio de 2026, con el fin de otorgar a los diversos agentes del mercado, gremios, Centro Nacional de Despacho, Consejo Nacional de Operación, usuarios y terceros interesados un mayor tiempo para estructurar sus aportes. Esta decisión, comunicada a través de la Circular N.º 304 de 2026, busca enriquecer el proceso de análisis.

La ANM modificó parcialmente la Resolución 266 de 2020, que regula el trámite para la declaración de Áreas de Reserva Especial (ARE) destinadas a estudios geológico-mineros y proyectos de minería. La medida busca enfrentar los desafíos de formalización que enfrentan las comunidades mineras tradicionales. La ANM identificó que las dinámicas internas de estas comunidades, como la desarticulación, la explotación individual y el incumplimiento de obligaciones por parte de algunos miembros, generan conflictos y retrasan los procesos. Ante esto, la resolución permite un tratamiento diferenciado en el seguimiento y verificación de requisitos, ajustando las consecuencias por incumplimiento a la realidad individual, sin ignorar el carácter colectivo. Esto incluye la suspensión de actividades, la exclusión de beneficiarios incumplidores o la terminación del ARE si el incumplimiento es generalizado, buscando así optimizar la gestión y promover un acceso más equitativo a la legalidad minera.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) actualizó los criterios de evaluación de la capacidad económica en las propuestas de contratos de concesión minera y solicitudes de cesión de derechos o áreas. Esta normativa busca dinamizar la inversión en el sector, reconociendo la realidad de financiamiento en la industria. El cambio principal permite a los solicitantes acreditar su solvencia financiera mediante el respaldo de su sociedad matriz o controlante, sus subordinadas, o una persona jurídica vinculada contractualmente, superando las restricciones anteriores que limitaban las opciones de garantía. Esta flexibilidad se alinea con los principios de eficacia y armonización administrativa, derogando la Resolución 352 de 2018 y sus modificaciones.