La Entidad precisó que la asamblea general de accionistas de una empresa de servicios públicos puede remover al gerente cuando así lo dispongan los estatutos y el régimen societario aplicable. Indicó que esta facultad debe ejercerse conforme a las reglas de gobierno corporativo, garantizando el debido proceso y respetando las competencias de la junta directiva cuando corresponda. La entidad recordó que su función es de inspección, vigilancia y control, sin intervenir en decisiones internas salvo que se vulneren normas legales.

La CREG sometió a consulta pública un proyecto de resolución que busca implementar un "sandbox" regulatorio para la intercambiabilidad de cilindros de Gas Licuado del Petróleo (GLP). Esta iniciativa experimental y temporal, que responde a las barreras de eficiencia y seguridad en el mercado actual, permitirá evaluar los impactos técnicos, económicos y de seguridad de un modelo de intercambio de cilindros entre distribuidores. El objetivo es fomentar una competencia leal, mejorar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios, y reducir la dependencia de fuentes energéticas contaminantes. Distribuidores y comercializadores minoristas podrán participar, bajo estrictas condiciones de monitoreo, trazabilidad y protección al consumidor, sin generar costos adicionales para estos últimos. Los resultados de este piloto, que tendrá una duración de doce meses, serán fundamentales para futuras decisiones regulatorias permanentes, con observaciones públicas recibidas en un plazo de diez días.

El Ministerio de Minas hizo claridades sobre la aplicación del artículo 227 de la Ley 1955 de 2019. La Entidad precisa que la clasificación de los distritos de riego como "usuarios no regulados" se establece únicamente para la libre comercialización de energía eléctrica y gas natural. Esta disposición permite a dichos usuarios negociar sus contratos de suministro de forma libre, en línea con el espíritu de la Ley 143 de 1994, sin que esto otorgue automáticamente todos los derechos y obligaciones generales de los usuarios no regulados. Incluso si un distrito de riego no cumple con los requisitos de consumo o demanda de resoluciones como la CREG 131 de 1998, la Ley 1955 de 2019, al ser una norma especial, lo cobija para este fin específico de comercialización. Adicionalmente, se mantiene el subsidio del 50% al costo de energía y gas para distritos que usan equipos electromecánicos y cumplen ciertos criterios.

La Ley 2273 de 2022, que ratificó el Acuerdo de Escazú, impone a las entidades del sector minero-energético deberes vinculantes en materia de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia. Según el Ministerio de Minas y Energía, estas autoridades deben garantizar transparencia activa, participación temprana y efectiva en proyectos con impacto ambiental, protección de defensores ambientales y coordinación interinstitucional, integrando estos principios en todas las fases de planeación, ejecución y cierre de proyectos.

El Ministerio de Ambiente hizo claridades a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que aspiran a integrar los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La consulta buscaba precisar la interpretación del "objeto u objetivo social principal" según el artículo 6 de la Resolución 862 de 2023, que habilita a las ESAL para participar en estos importantes espacios de decisión ambiental. La respuesta del Ministerio subrayó que el objeto social de una ESAL, para estos fines, no debe limitarse únicamente a las descripciones iniciales del certificado de existencia de la Cámara de Comercio. Inspirándose en el Código de Comercio y jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe considerar como una unidad integral que incluye tanto las actividades principales como aquellas secundarias y complementarias directamente relacionadas con su misión. El concepto enfatiza que la "protección del ambiente y los recursos naturales renovables" abarca una amplia gama de acciones, desde la planificación y administración de recursos hasta la educación ambiental y el litigio estratégico, todas válidas para demostrar el cumplimiento del requisito.