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Lunes, 20 Abril 2026

Edición 1626 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El Ministerio de Minas absolvió inquietudes sobre las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), aclarando que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia exclusiva para su delimitación. MinMinas, junto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió comentarios a la propuesta de modificación de la Resolución 161 de 2024, que declaró las APPA en La Guajira, los cuales están siendo analizados. Si bien reconoce que las APPA son determinantes de ordenamiento territorial que priorizan la seguridad alimentaria, el Ministerio subraya que la declaratoria de APPA no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, protegiendo así los títulos mineros formalmente otorgados y vigentes. Cuestiones sobre el impacto económico y la valoración de reservas han sido remitidas a la ANM, dada su competencia en la administración de recursos mineros.

La SIC hizo recomendaciones al Ministerio de Comercio sobre el proyecto de decreto que crea el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL). La SIC advirtió que los requisitos de acceso actuales, como la alta capacidad financiera y la inversión industrial significativa, podrían favorecer a grandes empresas y limitar la participación de actores más pequeños o nuevos entrantes, generando un trato diferenciado y concentrando los beneficios. Para mitigar este riesgo de afectación a la libre competencia, la SIC recomendó flexibilizar los requisitos de capacidad financiera para que empresas con menor respaldo puedan cumplirlos gradualmente. Además, sugirió incorporar un mecanismo de monitoreo y evaluación periódica de ambos instrumentos para analizar la distribución de los beneficios y su impacto en la estructura competitiva del mercado, facilitando ajustes regulatorios si fuera necesario.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma para actualizar la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, integrando la Categoría de Sostenibilidad Social y Ambiental en la focalización de subsidios. La modificación responde a la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que busca gestionar el hábitat y proteger áreas estratégicas para alimentos y biodiversidad, así como fortalecer territorios campesinos y étnicos. La metodología anterior no consideraba directamente variables de conservación, lo que impedía priorizar hogares en zonas de alto valor ambiental o cultural. Con esta reforma, el Ministerio alinea la política de vivienda rural con una visión de hábitat integral, que refuerza la protección de ecosistemas y la permanencia territorial en coherencia con la iniciativa "Nuestro Hábitat Biodiverso".

El Ministerio de Minas y Energía aclaró que los sistemas solares fotovoltaicos individuales, instalados de forma permanente en inmuebles para autogeneración de energía eléctrica, se consideran bienes muebles bajo el ordenamiento jurídico colombiano. Según MinMinas, estos paneles no cumplen con los requisitos para ser reputados como inmuebles por adhesión, ya que no existe una unión permanente al suelo en los términos del Código Civil y la Ley 142 de 1994 para servicios públicos. Tampoco se clasifican como inmuebles por destinación, pues esto requeriría que tanto el predio como los paneles pertenezcan al mismo propietario, una condición que a menudo no se cumple.

El Ministerio de Minas respondió una consulta de la Agencia Nacional de Minería sobre los instrumentos ambientales y prerrogativas aplicables a títulos mineros derivados de procesos de devolución de áreas para formalización. Se aborda la normativa ambiental aplicable (Leyes 1955/2019, 2250/2022 y Resolución 1830/2022), la exigencia de licencias ambientales y la aplicación transitoria de guías minero-ambientales durante la formalización. Además, se discutió la inscripción en el RUCOM y se recordó que la ANM es la autoridad competente para administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión.