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Viernes, 10 Julio 2026

Edición 1678 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó un proyecto de norma que transforma el sistema de pago de regalías petroleras en el país. A partir del 1 de octubre de 2026, todas las regalías derivadas de la explotación de crudo en la totalidad de los campos colombianos deberán ser pagadas exclusivamente en dinero. Esta decisión, impulsada por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH, responde a la necesidad de optimizar la administración, el recaudo y la gestión de estos importantes recursos. Entre los objetivos principales se encuentran fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad, así como promover una mayor eficiencia operativa y administrativa. La unificación de la modalidad de pago busca simplificar el proceso y reducir las cargas asociadas a la gestión de regalías en especie, garantizando una administración más coherente y eficiente para todos los operadores y para el Estado.
La UNGRD precisó que los acuerdos protocolizados con el pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, en cumplimiento de la sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, son de obligatorio cumplimiento para la entidad. Estos acuerdos no son meros compromisos, sino una manifestación directa de una orden judicial ejecutoriada y la concreción del derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Raizal, que goza de protección constitucional reforzada. Su cumplimiento es jurídicamente exigible, incluso por vía jurisdiccional, y su incumplimiento puede dar lugar a control y sanción mediante el trámite de desacato.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sostuvo que el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, cumple los requisitos constitucionales de presupuesto fáctico y suficiencia material previstos en el artículo 215 de la Constitución. La entidad explicó que la medida se fundamenta en hechos reales, sobrevinientes y extraordinarios, como la intensificación de la variabilidad climática, la persistencia de desastres naturales y el sismo ocurrido en Paratebueno y Medina (Cundinamarca), que desbordaron la capacidad de respuesta del Estado. Además, concluyó que, pese a haberse agotado los mecanismos ordinarios de asignación y redistribución presupuestal, los recursos disponibles resultaron insuficientes para atender la magnitud de la emergencia, lo que justificó la adopción de medidas excepcionales y transitorias para proteger el orden económico, social y ecológico del país.
El Ministerio de Ambiente precisó que las concesiones de aguas pueden ser prorrogadas, salvo por razones de conveniencia pública, y que la solicitud debe presentarse durante el último año de vigencia del permiso. Explicó que ni el Decreto-Ley 2811 de 1974 ni el Decreto 1076 de 2015 fijan un procedimiento específico para conceder la prórroga, por lo que corresponde a la autoridad ambiental competente establecer, en el acto administrativo que otorga la concesión, las condiciones para su renovación. Asimismo, reiteró que las Corporaciones Autónomas Regionales son las autoridades encargadas de otorgar, evaluar, controlar y hacer seguimiento a las concesiones de aguas y demás permisos ambientales, en ejercicio de la autonomía orgánica, financiera y funcional que les reconoce la Constitución y la ley, por lo que sus decisiones no pueden ser revocadas o modificadas por el Ministerio.
El Ministerio de Minas estableció el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, una iniciativa vital para fortalecer el Sistema Interconectado Nacional. Elaborado por la UPME y ratificado por el CAPT, este plan prioriza diez obras fundamentales, incluyendo la construcción y ampliación de subestaciones como Puerto Gaitán, El Zaque y La Montera, además de la instalación de compensadores y reactores en varias regiones. El objetivo es garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico, atender el crecimiento de la demanda en áreas clave como el Caribe y Antioquia, y asegurar una prestación eficiente del servicio público, con fechas de operación escalonadas entre 2027 y 2032.