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Viernes, 10 Julio 2026

Edición 1678 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El 17 de julio de 2026, la CREG realizará en Barranquilla la primera audiencia pública de socialización de los proyectos regulatorios que definirán la estructura del precio del combustible de aviación para motores tipo turbina (Jet), así como el régimen del ingreso al productor y los márgenes de distribución mayorista y minorista. La agenda continuará con audiencias el 24 de julio en Cali y el 29 de julio en Bogotá, en las que podrán participar autoridades, agentes de la cadena de combustibles, gremios, usuarios y demás interesados, quienes tendrán la posibilidad de presentar ponencias e intervenir en la discusión de las propuestas regulatorias antes de su adopción definitiva.
El Ministerio de Vivienda se prepara para adoptar el "Plan Director para la Justicia Hídrica en Colombia 2026-2050", una hoja de ruta estratégica para cerrar las brechas históricas y asegurar el derecho fundamental al agua potable y saneamiento básico en todo el país. Esta resolución responde a las profundas desigualdades, evidenciadas por millones de colombianos sin acceso seguro al agua, especialmente en zonas rurales y étnicas. El Plan se fundamenta en el reconocimiento del agua como bien común y derecho humano, integrando el ciclo hidrosocial, el ordenamiento territorial alrededor del agua y una gobernanza multinivel. Sus líneas estratégicas se enfocan en fortalecer la institucionalidad, optimizar la planeación e inversión, y diversificar las formas de gestión. El objetivo es transformar la gestión del sector, adaptándose a desafíos como el cambio climático, para garantizar un acceso equitativo y sostenible para el año 2050.
El Ministerio de Vivienda, junto al Ministerio de Ambiente proyectan establecer una nueva metodología para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta normativa busca armonizar las políticas nacionales con el innovador Programa Basura Cero, enfocado en impulsar la economía circular, la inclusión de recicladores y la reducción de la disposición final de residuos. Derogando la Resolución 754 de 2014, la iniciativa responde a mandatos constitucionales y leyes recientes, promoviendo la protección ambiental, la salud pública y la participación ciudadana en una gestión de residuos más eficiente y sostenible a nivel territorial.
El Ministerio de Minas proyecta derogar y sustituyendo la normativa previa, para dinamizar el Programa Colombia Solar. Esta iniciativa busca impulsar la autogeneración de energía solar como una alternativa eficiente a los subsidios eléctricos tradicionales, beneficiando a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 en todo el Sistema Interconectado Nacional. La resolución detalla nuevos instrumentos contractuales, la gestión de la propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura solar, así como criterios definidos para la focalización y priorización de los beneficiarios. También incorpora un esquema de sostenibilidad financiera y la colaboración con el Ministerio de Ambiente para una gestión integral de residuos.
La CRA dio a conocer la norma que subroga el Título 1 de la Resolución CRA 943 de 2021. Este acto administrativo establece una metodología tarifaria adaptada a las personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en áreas urbanas, a todas las que operan en el área rural (independientemente del número de suscriptores) y, de manera destacada, a los gestores comunitarios. La resolución marca una "cuarta etapa" en la regulación tarifaria, orientada a reconocer las condiciones específicas de los pequeños prestadores y acueductos comunitarios. Para ello, define estándares, metas e incentivos diferenciados, flexibles y progresivos, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Ley 2294 de 2023 y el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento Básico (DASH). El proceso de elaboración incluyó una activa participación ciudadana, con jornadas de consulta pública en varias ciudades y un periodo de tres meses para recibir observaciones. La aplicación de esta nueva metodología tarifaria iniciará el 1 de enero de 2027.