La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto sobre la competencia para atender solicitudes de mantenimiento vial en Saboyá, Boyacá, determinando que la Alcaldía Municipal es la autoridad competente para gestionar obras, inspecciones y medidas correctivas en vías terciarias bajo su jurisdicción. Sin embargo, en los tramos que coinciden con la vía nacional y sus franjas de retiro obligatorio, debe coordinarse con el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), entidad que actúa como administrador para otorgar permisos y acompañar técnica y financieramente dichas intervenciones. El fallo enfatiza además la importancia de aplicar el principio de coordinación administrativa para articular acciones conjuntas, incluyendo la gestión con empresas de servicios públicos, asegurando así una solución integral y efectiva a la problemática vial y sus impactos en la comunidad local.

La CRA expidió una circular con el fin de precisar lineamientos para la implementación del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado aplicable a grandes prestadores, establecido en la Resolución 1032 de 2026. El documento fija que la metodología tarifaria deberá aplicarse a los consumos generados a partir del 1 de julio de 2026, y aclara procedimientos de facturación, actualización de tarifas y obligaciones de divulgación a usuarios. La CRA también orienta a los prestadores sobre la adopción gradual del esquema, el uso de información estimada en casos recientes de operación y la incorporación de inversiones ambientales durante el periodo de transición. Además, reafirma que la aprobación de tarifas corresponde a las autoridades locales, mientras la Comisión mantiene funciones de revisión técnica.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de resolución para reglamentar el trámite de acceso al mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico. La futura norma busca optimizar la asignación de recursos públicos nacionales hacia los gestores comunitarios y entidades territoriales, garantizando la continuidad del servicio en las regiones más vulnerables. El documento técnico fija los requisitos de postulación, los criterios de viabilidad sectorial y las reglas de fiscalización para el giro de los subsidios. Asimismo, el articulado determina que estos trámites serán completamente gratuitos y establece el procedimiento administrativo para la devolución o ajuste de saldos excedentes.

La CREG publicó un Proyecto de Resolución para recibir observaciones del sector y la ciudadanía. Esta iniciativa busca unificar, actualizar y simplificar las normas vigentes sobre los derechos y deberes de los usuarios de energía eléctrica, gas por red y GLP. El texto introduce reglas claras para la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), define la atención a autogeneradores y establece esquemas diferenciales de prestación, medición comunitaria y facturación flexible para zonas especiales o rurales de difícil acceso. Con esto, el ente regulador busca compilar en un solo estatuto las disposiciones dispersas y mejorar la relación entre empresas y clientes.

El Consejo de Estado condenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a pagar $311’382.360,52 al Consorcio Renovación Z5 tras concluir que incumplió sus deberes de planeación y coordinación en un contrato para construir y renovar redes locales de acueducto en Bosa y Kennedy. La Sala estableció que la entidad estructuró el proyecto con información técnica deficiente, pues varios tramos ya estaban ejecutados, intervenidos por terceros o sujetos a restricciones viales y permisos no previstos, lo que hizo inviable gran parte de la obra.