Seccion 5 (303)
Se demandó la nulidad del acto de designación de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de CORPONOR,
“La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del ciudadano Orlando Rodríguez Morales como concejal de Ibagué (Tolima) para el periodo 2020 – 2023,
Como consecuencia de esta decisión, el Concejo Municipal de Apartadó deberá realizar nuevamente, en su totalidad, el concurso de méritos para la elección del personero de
La Sala concluyó que “por estar debidamente probado, que el aval otorgado Mello Castro González, para ser candidato a Alcaldía de Valledupar para las elecciones de octubre de 2019,
La urbanización de los pueblos indígenas exige la intervención del Estado para evitar que sean discriminados luego de haber sido expulsados u obligados a abandonar los
La sección Quinta del Consejo de Estado “no encontró demostrado el cargo elevado por el demandante, al evidenciar que la demandada no incurrió en la causal de inhabilidad contenida en del artículo 272 de la Constitución Política por haberse desempeñado como personera Municipal de Tuta (Boyacá), pues dicho empleo no hace parte de la Rama Ejecutiva”.
Es claro para la Sala que la Superintendencia Financiera cuenta con la expresa potestad legal (Ley 964-2005-artículo 6) de decretar medidas cautelares en las actuaciones administrativas adelantadas en desarrollo de sus funciones, incluyendo el embargo de sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias, siempre que (I) estén dirigidas a salvaguardar o proteger recursos en poder de la entidad investigada
El Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia dentro de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la elección de la alcaldesa
Ante el desarrollo de actividades extractivas dentro de un área delimitada como de aprovechamiento urbanístico por parte del municipio en el 2015, el ente territorial le solicitó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) disponer el retiro y desalojo de las personas y maquinaria empleadas en ese tipo de actividad que estuvieran operando en esa zona.
La Procuraduría 28 Judicial II Ambiental Y Agraria (actor), pretendió el cumplimiento del Acuerdo 036 de 1987,