Altas Cortes de Justicia (9121)
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Para la Sala, la empresa las empresas demandadas no están llamadas a asumir la responsabilidad por el alegado incumplimiento de las obligaciones de un contrato de suministro de caña del que no son parte y, de otro lado, no aparece probado que en la misma calidad o en la de administradores hubieran incurrido en actuaciones de mala fe o dolo que condujeran al supuesto incumplimiento del mismo.
La Agencia Nacional de Tierras impugnó el numeral tercero de la sentencia de primera instancia en el que se la conminó a realizar una serie de actuaciones tendientes a esclarecer el estado de predios con declaratoria de extinción del derecho de dominio, a pesar de que se evidenció que no existió vulneración a los derechos fundamentales y a que dicha conminación
En un proceso de reparación directa no se tomó como fecha para el cómputo de caducidad de la demanda la de ejecución de un contrato de obra pública, por lo que la parte afectada instauró acción de tutela, contra la autoridad judicial que conoció el proceso ordinario, con el fin de que se impartiera el trámite correspondiente respecto a la admisión de la demanda.
La Sala fijó los criterios interpretativos de aplicación de los mencionados requisitos, así como el alcance de cada uno de ellos para efectos de concretar el principio constitucional de capacidad económica en la tributación. Como regla general, en los términos del artículo 107 del ET, son
La Sala decretó la medida cautelar de suspensión provisional del artículo tercero del Decreto 2087 del 19 de noviembre de 2019, “Por el cual se dictan medidas para el mantenimiento del orden público, en el marco de la garantía y respeto al derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”, proferido por el presidente de la República, por encontrar que transgreden
Para la Sala es claro que fue la misma parte actora quien argumentó, en el libelo introductorio y en el escrito de apelación, que su derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios se originó por “haber llenado todos los requisitos de la licitación”, constituyéndose en el único licitante hábil, motivo que le confería el derecho a resultar beneficiado con la adjudicación.
Se presentó acción de tutela contra una decisión adoptada en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la que se negó la nulidad de los actos administrativos con los que se rechazó, por extemporáneo, un recurso de reconsideración interpuesto contra una Liquidación Oficial de Revisión de la declaración privada del impuesto de renta del año gravable 2013
Se anularon las Resoluciones 7035 y 7036 del 17 de septiembre y 7086 del 19 de septiembre, todas de 2012, mediante las cuales la DIAN clasificó las subpartidas arancelarias de jaulas de gestación, jaulas parideras y pletinas o perfiles, respectivamente. La Sala declaró ilegales tales actos tras concluir que se deben clasificar en la subpartida arancelaria 84.36.99.00.00
Se declaró ajustada a derecho la Resolución 40266 del 31 de marzo de 2017, por la cual el Ministerio de Minas estableció la metodología para la determinación de los volúmenes máximos de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de arancel
La sala destaca que durante el proceso de licenciamiento del proyecto PORVENIR II, las autoridades intervinientes conocían el proceso de reparación que se estaba llevando a cabo con las víctimas de desplazamiento de esa zona; y si bien se solicitó concepto jurídico a la UARIV sobre su pertinencia, lo cierto es que al otorgar la licencia en cuestión se dejó de lado el deber