El Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo 116 del 31 de diciembre de 2024, mediante el cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) designó a Raúl Durán Parra como director general para el período 2024–2027, al concluir que el acto se expidió con desconocimiento de las reglas legales que rigen el proceso de elección. La Sala estableció que en la designación se vulneraron principios como la legalidad y el debido proceso, al evidenciarse irregularidades sustanciales en el trámite y en la conformación y actuación del órgano elector, lo que afectó la validez de la decisión. Indicó que el nombramiento de los directores de las CAR exige el estricto cumplimiento de los procedimientos y competencias fijados en la ley y en la normativa ambiental, requisitos que no fueron observados en este caso. Por tratarse de vicios que incidieron directamente en la formación de la voluntad administrativa, el Consejo de Estado anuló el acuerdo demandado.
El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda presentada por EPM contra ISAGEN, en la que se alegaba un supuesto enriquecimiento sin justa causa derivado de los gastos asumidos por EPM para el descargue de agua del embalse El Peñol-Guatapé, lo que habría permitido la generación de energía en centrales operadas por ISAGEN. La Sala concluyó que no se configuraban los elementos de esa figura jurídica, en especial la ausencia de causa jurídica. Señaló que la operación y manejo del embalse respondían a un esquema regulado del sistema interconectado nacional y a obligaciones propias del servicio público de energía, en el que las decisiones de descarga no dependían exclusivamente de la voluntad de EPM ni se adoptaban para beneficiar a un agente específico. Además, indicó que los costos asumidos por EPM hacían parte de sus cargas normales de operación y no demostraban un desplazamiento patrimonial injustificado a favor de ISAGEN. Por ello, descartó la existencia de un empobrecimiento correlativo y negó la declaratoria de enriquecimiento sin justa causa.
El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución crucial para actualizar los lineamientos generales de fiscalización sobre títulos mineros y otras figuras legales de exploración y explotación. La medida busca fortalecer el control y aseguramiento de la extracción de recursos naturales no renovables, y la correcta liquidación y recaudo de regalías, conforme a las Leyes 2056 de 2020, 2250 de 2022 y 2294 de 2023. El proyecto enfatiza la necesidad de articular la fiscalización minera con la gestión ambiental y el ordenamiento territorial. Además, incorpora mandatos judiciales recientes del Consejo de Estado, como la revisión de la plataforma Anna Minería para integrar el componente ambiental. Se establecen directrices para la fiscalización diferencial de la pequeña minería, el seguimiento a plantas de beneficio, la seguridad y salud en las labores mineras, y la implementación de tecnologías para la trazabilidad y la eficiencia de los procesos de control. Finalmente, define la estructura y funciones del Comité de Fiscalización Minera para priorizar actividades y distribuir los recursos del Sistema General de Regalías.
El Ministerio del Medio Ambiente publicó para consulta ciudadana para el Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 del "Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)". Este proceso busca la participación activa de la ciudadanía en la revisión y fortalecimiento de la planificación de la dependencia. La Oficina Asesora de Planeación coordina la iniciativa, la cual estará disponible desde el 29 de enero hasta el 14 de febrero de 2026. Los interesados pueden acceder al documento de soporte, que se encuentra en un archivo Excel (DS-E-SIG-39_V1.xlsx), y dirigir sus comentarios a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., buscando asegurar la transparencia y la ética en la gestión ambiental del Ministerio.
La CREG extendió invitación a un taller de socialización en Barranquilla, enfocado en la modernización del Régimen de Protección de Derechos de los Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Este encuentro se centrará en los sectores de energía, gas combustible por redes de tubería y GLP. El propósito principal es dar a conocer las principales modificaciones a la normativa, permitiendo a los destinatarios (usuarios, vocales de control, empresas prestadoras y gremios) contar con información detallada para formular comentarios, observaciones y sugerencias a la Comisión. El evento presencial se llevará a cabo el viernes 13 de febrero de 2026, iniciando a las 8:00 a.m. y concluyendo a las 12:00 p.m.