El Ministerio de Minas publicó un proyecto de norma para reglamentar el Programa Colombia Solar; una iniciativa que busca transformar el panorama energético del país. La medida detalla los instrumentos contractuales y operativos para promover la autogeneración de energía solar entre usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional, presentándola como una alternativa a los subsidios de electricidad vigentes.
El informe del Ministerio de Minas señala que Colombia cerrará 2026 con más de 4.200 MW de capacidad renovable instalada, con proyectos en operación, pruebas y construcción, y un portafolio amplio en desarrollo que evidencia el interés de inversionistas. Destaca que las energías renovables aportan seguridad energética, reducción de emisiones y oportunidades regionales, pero advierte que el país está a mitad de camino y requiere duplicar la capacidad en los próximos años para evitar déficits. El documento identifica grandes desafíos como trámites demorados, falta de cierre financiero, expansión de la red y estabilidad regulatoria, y propone acciones para acelerar proyectos y reducir tarifas eléctricas.
El Ministerio de Ambiente busca actualizar los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de dragado de profundización de canales de acceso a puertos marítimos. La medida busca superar las limitaciones técnicas y metodológicas de la anterior Resolución 1272 de 2006, promoviendo una evaluación más robusta y eficiente de los impactos ambientales. Esta actualización incorpora criterios de adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático, siguiendo una orden de la Corte Constitucional. Además, amplía su ámbito de aplicación para incluir dragados en puertos de menor calado como Tumaco y San Andrés, que antes no estaban cubiertos por la normativa vigente.
Esta iniciativa define una metodología para identificar y permitir actividades agropecuarias de bajo impacto en estos ecosistemas estratégicos, cruciales para el agua y la biodiversidad. El objetivo es equilibrar la conservación ambiental con la garantía del derecho a la alimentación y los derechos de los campesinos, reconocidos como habitantes tradicionales del páramo. La metodología busca reconocer buenas prácticas, orientar programas de reconversión para actividades de alto impacto y promover el desarrollo agropecuario sostenible. Se aplicará en páramos ya delimitados o en proceso, con el apoyo de autoridades ambientales y entidades del sector, asegurando la participación de las comunidades.
La CRA define la facturación en los servicios públicos domiciliarios como el proceso mediante el cual el prestador liquida, registra y comunica al usuario los valores a pagar por el servicio prestado en un período determinado, a través de la factura. Esta comprende los cargos autorizados por la ley y la regulación, principalmente el cargo fijo y el cargo por consumo o prestación del servicio, además de otros conceptos permitidos por la metodología tarifaria vigente. La Comisión precisó que la facturación total incluye los valores correspondientes a subsidios y contribuciones, dado que estos hacen parte integral de la estructura tarifaria y deben reflejarse en la factura. Asimismo, aclaró que la facturación directa realizada por el prestador forma parte del total facturado, pues corresponde a ingresos derivados de la prestación del servicio.