El Consejo de Estado negó la suspensión provisional del Decreto 33 de 2025, que fija reglas para agilizar la negociación directa de predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La Sala concluyó que, en esta etapa inicial, no se evidenciaba una contradicción manifiesta con normas superiores ni una afectación ambiental directa que justificara frenar su aplicación. Aunque los demandantes alegaban posibles impactos sobre el uso del suelo y la protección de áreas rurales, el alto tribunal indicó que esos cuestionamientos requieren un análisis de fondo y prueba técnica. Señaló que el decreto busca facilitar la política de acceso a tierras y que cualquier eventual tensión con normas ambientales deberá evaluarse durante el proceso, por lo que no se acreditó un riesgo inminente que ameritara la medida cautelar.

El Consejo de Estado resolvió una acción de grupo presentada contra Serviciudad E.S.P. por presuntas fallas en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), relacionadas con deficiencias en la continuidad y calidad del suministro y afectaciones derivadas de la infraestructura sanitaria. La Sala estudió la solicitud de unificación sobre la oportunidad para acreditar la legitimación en la causa por activa cuando existe un único demandante que actúa en representación del grupo, y concluyó que no era necesario un nuevo pronunciamiento, pues la Sección ya ha reiterado que esta legitimación es un presupuesto material que debe probarse adecuadamente dentro del proceso. Por ello decidió estarse a lo resuelto en esa jurisprudencia consolidada. En el caso concreto determinó que no se acreditó debidamente la existencia del grupo, la legitimación del actor ni el daño antijurídico imputable a la empresa, razón por la cual negó las pretensiones.

El Gobierno nacional reglamentó los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios con el fin de establecer lineamientos para su identificación, delimitación, manejo y protección, reconociéndolos como áreas estratégicas para la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental. La norma define criterios técnicos para su gestión integral, promueve el uso responsable del agua y la biodiversidad, y articula a las autoridades ambientales y agropecuarias en su conservación. Además, busca equilibrar la productividad rural con la preservación de servicios ecosistémicos, garantizando seguridad alimentaria y protección de recursos hídricos en el territorio nacional. Descargar texto

 El DNP precisó que la Mesa de Coordinación debe aprobar el Plan de Convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del Mayor Recaudo del SGR para 2025-2026. Este plan, elaborado por el MADS, debe ajustarse al presupuesto bienal del SGR y al plan de recursos del Ministerio de Hacienda, determinando montos financiables y cronograma. Es un instrumento de planeación que no define el objeto ni las condiciones de participación específicas de los proyectos. Proyectos ya aprobados de bienios anteriores no pueden ser incorporados nuevamente. Los términos de referencia, responsabilidad del MADS, detallarán las reglas de cada convocatoria.

La Dirección Ejecutiva de la CREG realizará talleres de trabajo presenciales para desarrollar la metodología de remuneración del margen de distribución mayorista de gasolina motor corriente y diésel. Estos espacios buscan recopilar insumos técnicos y elementos de análisis de agentes e interesados para contribuir a la estructuración de la propuesta. Los talleres se llevarán a cabo en: Bucaramanga el martes 24 de febrero, Riohacha el jueves 5 de marzo y Bogotá (en las oficinas de la CREG) el martes 10 de marzo, todos de 9 a 11 am.