La Corte Constitucional dirimió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre un juzgado civil de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y concluyó que este último es el competente para continuar la demanda ejecutiva presentada por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Hacienda. La empresa busca el pago de más de $132.556 millones ordenados en una resolución del Ministerio de Minas por concepto de subsidios a las tarifas de energía correspondientes al segundo trimestre de 2024, así como los intereses moratorios causados y los que se sigan generando hasta el pago total. La Corte explicó que el litigio no surge de un contrato de servicios públicos, sino del cumplimiento de un acto administrativo que ordenó el giro de recursos públicos.

La Corte Constitucional de Colombia resolvió un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y el contencioso administrativa por una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra oficios de EMGESA S.A. E.S.P. que negaron la inclusión de varios solicitantes en el censo de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La Sala explicó que el punto central no era el fondo de las reclamaciones, sino definir qué juez debía conocer el caso. Recordó que, según el artículo 104 del CPACA y su jurisprudencia, la jurisdicción contencioso administrativa es competente cuando se demandan actos de entidades públicas o de empresas de servicios públicos mixtas con capital estatal mayoritario.

El Consejo de Estado rechazó la demanda contra las resoluciones 175 y 185 de 2021 y 102 009 de 2022 expedidas por la CREG, relacionadas con la aplicación de la tasa de descuento (WACC) en los cargos de transporte de gas natural. La corporación concluyó que la demanda no cumplía los requisitos mínimos de claridad, certeza y suficiencia en los cargos formulados, pues no explicó de manera concreta cómo las decisiones regulatorias vulneraban normas superiores. Señaló que los argumentos eran generales y no estructuraban un verdadero concepto de violación, lo que impedía un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos.

La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró exequibles los protocolos que actualizan el Convenio sobre Líneas de Carga y el de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, así como la Ley 2419 de 2024, al concluir que cumplieron todos los requisitos formales y materiales. Verificó que la negociación, firma y trámite legislativo respetaron la Constitución, sin vicios de procedimiento, y que no era necesaria consulta previa ni análisis de impacto fiscal. En el fondo, sostuvo que los instrumentos promueven fines constitucionales como la vida, la integridad, la seguridad marítima y la protección del ambiente, sin afectar la soberanía ni la libertad de empresa, pues establecen estándares técnicos razonables y acordes con compromisos internacionales.

La CREG precisó el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 frente a los Autogeneradores a Gran Escala (AGGE) y los proyectos híbridos. La resolución regula el procedimiento y los requisitos para la conexión al Sistema de Distribución Local (SDL) de Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE), Autogeneradores a Gran Escala (AGGE) y Generadores Distribuidos (GD), estableciendo definiciones técnicas, etapas del trámite, límites de capacidad y reglas sobre potencia máxima declarada (PMD).