El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para reorganizar la operación de las EPS bajo un enfoque territorial y poblacional, al considerar que, en esta etapa inicial del proceso, existen serios cuestionamientos sobre su legalidad y posibles afectaciones a principios del sistema de salud. El decreto imponía límites al número de EPS por municipios y departamentos, exigía porcentajes mínimos de afiliados para operar y autorizaba reasignaciones masivas de usuarios entre entidades. La corporación advirtió que estas medidas podrían restringir la libre escogencia de EPS, alterar las reglas legales del aseguramiento y exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo, pues tales cambios deberían ser definidos por el Congreso. Además, concluyó que permitir la aplicación del decreto mientras se decide de fondo la demanda podría generar efectos difíciles de revertir para afiliados y aseguradoras, razón por la cual ordenó suspender temporalmente sus efectos.

 El Decreto, amparado en el artículo 56 transitorio de la Constitución, establece el proceso de fortalecimiento y transición hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) para el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Se autoriza una inversión única de $300 mil millones del Presupuesto Nacional para saldar deudas de la AIC-EPS-I y asegurar una transición sin afectar el derecho a la salud de la población. Los recursos serán girados a prestadores y proveedores tras la presentación de un plan detallado, que incluye la ruta de afiliación al SISPI y acuerdos de pago. La AIC-EPS-I deberá cesar operaciones en un año, bajo estrictos requisitos para que los fondos no sean devueltos, garantizando la continuidad y calidad de los servicios en el nuevo modelo autónomo.

La SIC pidió a MinSalud sustentar el cambio de resoluciones (ej. 683, 4142/2012) de "reglamentos técnicos" a "Medidas Sanitarias y Fitosanitarias" (MSF) para corregir la doble notificación internacional. MinSalud identificó que estas normas, que establecen requisitos sanitarios para materiales en contacto con alimentos, fueron erróneamente denominadas y notificadas bajo los Acuerdos OTC y MSF, causando cargas administrativas. Aunque la SIC valora la reducción de obstáculos, la industria teme perder garantías del Acuerdo OTC y enfrentar aplicaciones más estrictas bajo las MSF. Por ello, la SIC recomienda detallar las consecuencias jurídicas, técnicas y procedimentales del cambio, incluyendo su impacto en costos y trámites, para garantizar seguridad jurídica a los agentes del mercado.

La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, inauguró hoy, 27 de marzo, el diálogo sobre el derecho fundamental a la salud en la Universidad Libre de Pereira. La Magistrada destacó que la salud es un derecho autónomo e irrenunciable, pero alertó que el uso masivo de tutelas es un síntoma de un sistema fallido, no solo de confianza ciudadana. Hizo un llamado a transformaciones estructurales que prioricen la vida y la prevención, enfatizando que la sostenibilidad financiera no es excusa para negar atención y que la justicia debe ser empática y humana, cerrando la brecha entre el "derecho en el papel" y la realidad. Advirtió que la corrupción en salud es un "crimen contra la humanidad" y destacó la urgencia de garantizar acceso equitativo a tecnologías digitales. Discurso de la Presidenta de la Corte

Los ministerios de Ambiente y Salud establecieron el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, buscando un control ético de la población animal y la promoción del bienestar en todo el territorio colombiano. La iniciativa, que prioriza a los animales sin hogar y ferales, contempla procedimientos como la orquiectomía y la ovariohisterectomía, realizadas exclusivamente por veterinarios con matrícula vigente. El programa se estructura en fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria, garantizando altos estándares de bioseguridad y bienestar animal, así como la identificación de los animales intervenidos. Con un enfoque de "Una Salud" y "Un Bienestar", esta reglamentación subraya la corresponsabilidad de municipios y distritos en la ejecución de jornadas, la comunicación transparente y la participación ciudadana para proteger el patrimonio natural y la salud pública. MinAmbiente resolución 229-2026