La Corte consideró que la empresa Proenso S.A.S. efectivamente vulneró los derechos fundamentales del actor al habeas data y a la intimidad. Se determinó que la divulgación de su diagnóstico de VIH positivo en el certificado de aptitud laboral, sin su consentimiento, constituyó una violación a su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. La Corte reafirmó la importancia de la confidencialidad en la información médica y la prohibición de discriminación hacia personas portadoras de VIH, destacando que dicha divulgación pudo haber influido en su exclusión del proceso de selección laboral, lo que también se relaciona con el derecho a no ser discriminado por su condición de salud.
El micrositio pedagógico de la Corte Constitucional, creado para el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, ofrece un espacio interactivo para conocer los avances en la superación de las fallas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. En la sección "inicio", se explica el contexto de la sentencia, la creación de la Sala Especial de Seguimiento, sus funciones y los boletines informativos sobre decisiones recientes. La sección "seguimiento" detalla el proceso de valoración, los niveles de cumplimiento y los ejes temáticos de las órdenes emitidas, así como una síntesis de los mandatos y su evolución desde 2008. Además, incluye una sección "multimedia" con videos de inspecciones judiciales y sesiones técnicas, y una sección "asuntos de interés" que proporciona normatividad relevante y decisiones de tutela sobre derechos relacionados con la salud, como el derecho al diagnóstico y los servicios de cuidado y enfermería.
La Corte declaró inconstitucionales ciertas limitaciones al fuero de paternidad establecidas en la Ley 2141 de 2021. Específicamente, se invalidaron las expresiones “y no tenga un empleo formal” y “y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo”. La Corte argumentó que estas limitaciones introducían un trato discriminatorio hacia los trabajadores que comparten la crianza con mujeres que tienen empleo formal, vulnerando así los principios de igualdad y no discriminación. Se enfatizó que el fuero de paternidad debe garantizar la protección contra despidos independientemente de las condiciones laborales de la pareja, promoviendo una distribución equitativa de las responsabilidades familiares. Esta decisión busca fortalecer los derechos laborales y asegurar condiciones dignas y justas para todos los trabajadores, reconociendo la importancia de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos.
El Decreto modifica la Parte 7 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, específicamente en la modalidad de rifas. Se destaca la necesidad de actualizar la normativa debido a la alta ilegalidad en este sector, que alcanza el 95% del mercado potencial, lo que ha llevado al Estado a perder anualmente $56.940 millones en derechos de explotación. Actualmente, solo se autorizan nueve rifas de carácter nacional, lo que limita la oferta legal. El decreto busca flexibilizar los requisitos para la autorización de rifas, aprovechando las redes digitales y plataformas tecnológicas para llegar a un público más amplio. Además, establece que los ingresos generados por estas actividades deben destinarse a servicios de salud, en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. Se introducen cambios en el pago de derechos de explotación y en la gestión de la boletería, buscando una mayor transparencia y control en el sector.
La Corte determinó que la Empresa Aguas de Bogotá vulneró los derechos de una trabajadora al despedirla sin justa causa, a pesar de que su condición de salud, lupus eritematoso sistémico, era conocida por la entidad. La Corte constató que la trabajadora había estado recibiendo tratamientos médicos y enfrentando complicaciones que afectaron su desempeño laboral. Aunque la empresa no conocía el nombre exacto de la enfermedad, sí tenía conocimiento de la situación de salud desde el inicio de la relación laboral. El despido fue considerado discriminatorio, y la Corte ordenó el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno similar. Además, se recordó que el fuero de estabilidad laboral reforzada, establecido en la Ley 361 de 1997, protege a los trabajadores con condiciones de salud que dificultan su desempeño, incluso sin un dictamen formal de disminución de capacidad laboral. La trabajadora deberá presentar una demanda ante el juez laboral para continuar con el proceso.