El ministerio de Ambiente dio a conocer un proyecto de decreto que fija pautas estrictas para el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, buscando un equilibrio entre el desarrollo y la conservación ecológica. La norma, amparada en la Ley 99 de 1993, busca blindar los ecosistemas prioritarios, regular el uso del suelo rural y proteger el recurso hídrico de la región frente a la presión urbana. El articulado garantiza que los procesos de formalización urbanística en curso sigan su trámite vigente y exige asegurar el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos preexistente. Asimismo, las autoridades ambientales y territoriales deberán salvaguardar los derechos de permanencia de las comunidades campesinas que habitan la zona.

Colombia Compra Eficiente aclara que, conforme al artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) deben ejecutarse bajo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), independientemente del régimen jurídico o contractual de la entidad ejecutora, incluso si esta se rige por derecho privado. La norma impone a todas las entidades ejecutoras la obligación de aplicar las reglas de contratación pública para garantizar transparencia, control y correcta ejecución de recursos. Así, se excluye la prevalencia del derecho privado en la ejecución de estos proyectos, aunque fuera aplicable en otras actividades propias de la entidad, imponiendo un régimen legal uniforme para la contratación en el marco del SGR. Cada entidad deberá determinar su gestión contractual conforme a este marco general, sin que Colombia Compra valide actuaciones particulares.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto sobre la competencia para atender solicitudes de mantenimiento vial en Saboyá, Boyacá, determinando que la Alcaldía Municipal es la autoridad competente para gestionar obras, inspecciones y medidas correctivas en vías terciarias bajo su jurisdicción. Sin embargo, en los tramos que coinciden con la vía nacional y sus franjas de retiro obligatorio, debe coordinarse con el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), entidad que actúa como administrador para otorgar permisos y acompañar técnica y financieramente dichas intervenciones. El fallo enfatiza además la importancia de aplicar el principio de coordinación administrativa para articular acciones conjuntas, incluyendo la gestión con empresas de servicios públicos, asegurando así una solución integral y efectiva a la problemática vial y sus impactos en la comunidad local.

El Viceministerio de Transporte estableció un esquema transitorio para la formalización y el registro de zarpe de los transportadores fluviales en la cuenca del río Meta y sus afluentes. La medida busca regularizar a los operadores que actualmente trabajan sin los requisitos legales, otorgándoles un plazo improrrogable de cuatro meses para tramitar sus permisos y habilitaciones. Durante este periodo de gracia, las empresas podrán seguir operando siempre y cuando cumplan estrictamente con las condiciones básicas de seguridad, como el uso obligatorio de chalecos salvavidas, límites de carga y aptitud de la tripulación. Las embarcaciones que no logren formalizarse al vencer el plazo serán suspendidas de inmediato.

El Ministerio de Transporte expidió una Circular dirigida a las autoridades de tránsito de Caldas, Tolima y municipios cercanos, para exigir el cumplimiento de fallos judiciales de protección ambiental. El documento técnico recuerda que alcaldes y gobernadores son las autoridades de tránsito en sus territorios y deben adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto vehicular en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entre las directrices dictadas por la cartera nacional se incluye la implementación de picos y placas ambientales, la fijación de límites especiales de velocidad, la determinación de pasos de fauna y la prohibición de parqueo, con el fin de garantizar los derechos de este ecosistema protegido.