El Consejo de Estado analizó el alcance del incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir un contrato estatal a partir del caso de un proponente al que el INVÍAS adjudicó un contrato para operar el muelle La Esmeralda (Puerto Asís), pero que no aportó la documentación necesaria para perfeccionarlo pese a múltiples requerimientos. La entidad declaró el siniestro de la garantía de seriedad de la oferta, hizo efectiva la póliza y le impuso una inhabilidad de cinco años. En la sentencia, la Corporación precisó que la garantía de seriedad protege el interés público y tiene una naturaleza dual: sancionatoria e indemnizatoria, por lo que su efectividad exige un procedimiento administrativo previo que respete las garantías mínimas del debido proceso. También reiteró que no toda irregularidad procedimental invalida un acto administrativo, sino solo aquellas que afectan la decisión o restringen el derecho de defensa, y aclaró que la excepción de inconstitucionalidad únicamente procede para inaplicar una norma cuando su aplicación en el caso concreto vulnera de forma evidente la Constitución, sin sustituir los mecanismos ordinarios de control judicial.

 El Ministerio de Minas asignó más de $518 mil millones de pesos provenientes del 5% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías. Estos recursos buscan impulsar el emprendimiento y la generación de empleo, promoviendo la ocupación de mano de obra local en actividades económicas diversas, lejos de la explotación de recursos no renovables. La iniciativa prioriza proyectos de emprendimiento rural, desarrollo agropecuario, vías terciarias, energía eléctrica y emprendimiento femenino. La distribución se realiza mediante una convocatoria pública y competitiva, resultando en la aprobación de 21 proyectos de energía eléctrica por más de $100 mil millones, los cuales serán ejecutados por entidades públicas designadas tras una rigurosa evaluación de idoneidad.

Prensa Jurídica recopiló el listado de los proyectos de ley radicados para la legislatura 2026-2027, con corte al 24 de julio, que reúne 98 iniciativas presentadas desde el 20 de julio: 76 en el Senado y 22 en la Cámara de Representantes. El consolidado permite identificar las principales propuestas que iniciarán su trámite en el Congreso, entre ellas varias de interés para los sectores de minas, energía y ambiente, como los proyectos sobre prohibición del fracking, competencia en el mercado de energía eléctrica, eficiencia tarifaria en la distribución de energía, transición hacia una movilidad sostenible y regulación del greenwashing o lavado verde de imagen, además de otras iniciativas con impacto en la política ambiental y energética del país.

 El MinCIT proyecta regular el acceso, evaluación y seguimiento del Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), así como la asignación y administración de cupos de importación. Este marco busca facilitar la instalación o expansión de capacidades industriales vinculadas a la movilidad sostenible, promoviendo proyectos intensivos en tecnología, fortaleciendo cadenas de valor nacionales, generando empleo calificado y contribuyendo a la transición energética y reducción de emisiones. La normativa detalla los pasos para la solicitud, la presentación de planes de inversión y desarrollo industrial, y la verificación de criterios de elegibilidad, aplicable a personas jurídicas nacionales y extranjeras que deseen invertir en este sector estratégico.

El Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto que redefine las reglas para la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los proyectos sometidos al seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La iniciativa busca unificar y estandarizar los plazos de entrega de estos informes según su periodicidad (trimestral, semestral o anual) y el último dígito del expediente, con el fin de optimizar el proceso de evaluación y seguimiento ambiental. Además, establece un régimen de transición, ajusta la periodicidad cuando los instrumentos de manejo no la definan expresamente, fija criterios de conformidad sobre la información documental y geográfica, precisa el procedimiento para subsanar inconsistencias y deroga las resoluciones 077 de 2019 y 549 de 2020 para fortalecer la eficiencia y seguridad jurídica del proceso de control ambiental.