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proyecto de norma

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El Gobierno impulsa un proyecto de decreto destinado a fortalecer la asistencia, atención, reparación integral y la restitución de derechos territoriales para las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas. La normativa reglamenta el Decreto Ley 4633 de 2011 y se integra al Decreto 1084 de 2015, cimentándose en la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural.  Establece medidas desde la restitución de vivienda y rehabilitación psicosocial hasta garantías de no repetición, asegurando la consulta previa y la participación activa de las autoridades indígenas para una reparación digna y culturalmente pertinente, vital para su permanencia y buen vivir.

El DAPS publicó un proyecto de decreto que refuerza la atención y reparación integral a las víctimas del pueblo Rrom o Gitano. La normativa, que adiciona el Decreto 1084 de 2015 y reglamenta el Decreto Ley 4634 de 2011, reconoce al pueblo Rrom como un grupo étnico con identidad cultural propia, en línea con la Constitución y convenios internacionales. Se establece un enfoque diferencial para la ayuda humanitaria, adaptado a sus características culturales y el Zakono. Además, se crea una detallada ruta de reparación colectiva que incluye fases de identificación, preconsulta y consulta previa, caracterización del daño, formulación, protocolización e implementación de un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRCRK), considerando la itinerancia y los sistemas de justicia propios. El decreto también prevé indemnizaciones colectivas, coordinación interinstitucional y una ruta preferente para la restitución de tierras, buscando proteger la integridad y la identidad social y cultural de esta comunidad.

El proyecto normativo propone establecer disposiciones especiales de focalización dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), con el fin de priorizar de manera más eficiente a las poblaciones y territorios expuestos a amenazas y vulnerabilidades. La iniciativa busca definir criterios técnicos, sociales y territoriales para identificar beneficiarios de intervenciones preventivas, de mitigación y de respuesta, así como orientar la asignación de recursos públicos hacia los grupos más vulnerables. También pretende articular la focalización con los instrumentos de planeación territorial y social, fortaleciendo la coordinación entre entidades del orden nacional y territorial para mejorar la eficacia de las políticas de gestión del riesgo.