Sección 3 (2487)
El contrato de interventoría fue suscrito en vigencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que establecía la facultad de pactar contractualmente la imposición de multas al contratista por parte de las entidades públicas. Con fundamento en la norma anterior, la cláusula decimocuarta del contrato de interventoría estableció que la entidad tenía la facultad de imponer
“El demandante fue vinculado a un proceso ejecutivo hipotecario, en condición de tercero adquirente del inmueble sobre el que recaía la garantía real. El acreedor sustentó la pretensión de pago en la escritura pública de constitución de hipoteca y en pagarés provenientes del deudor, persona que no fue demandada. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil del
“La Unión Temporal Aguas de Valledupar y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica -FINDETER-, administrado por Fiduciaria Bogotá S. A., celebraron un contrato de obra para la construcción del colector oriental de aguas servidas en el municipio de Valledupar. Posteriormente, la Unión Temporal presentó demanda arbitral en contra del
El Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM y las Sociedades Allianz Seguros S.A. y la Compañía de Seguros La Previsora S.A, en la audiencia de instalación, resolvió inadmitir la demanda arbitral, pues no contenía el juramento estimatorio de los diferentes valores de la
La Sala reiteró que “la liquidación bilateral de un contrato es un verdadero negocio jurídico, dado que comporta un acuerdo de voluntades dirigido a definir el estado de las prestaciones mutuas que han surgido con ocasión o en razón de la ejecución de un contrato celebrado previamente, pues a través suyo las partes establecen los créditos o deudas
Dado que la entidad no tenía la facultad de interpretar una norma legal mediante un acto administrativo de carácter general, el Consejo de Estado, decretó la suspensión provisional de la Circular No. 05 del 29 de enero de 2018 proferida por el director general de la Agencia Nacional de Tierras, mediante la cual se imparten lineamientos para la interpretación y
Los demandantes pretendían la nulidad de unas resoluciones por medio de las cuales la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e hizo efectiva la cláusula penal. La Sala confirmó la decisión de primera instancia, “porque, tal y como lo señaló el Tribunal, los demandantes debían
Para la Sala, “si bien las pretensiones planteadas se formularon en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, por cuanto lo que se persigue con la demanda es la anulación de un contrato suscrito en el año 85 entre Ecominas y Acerías Paz del Río S.A., cuyo objeto era el desarrollo de actividades de exploración y explotación de
El actor adujo que por causa del contrabando de hidrocarburos en una zona fronteriza se redujeron ostensiblemente las ventas de combustible en la estación de servicio de su propiedad. Para la Sala “si bien el contrabando de hidrocarburos es una actividad ilícita que data de muchos años atrás, en el presente asunto el término de la caducidad debe empezar
Para la Sala, dado que en el presente asunto se discute la legalidad de unos actos administrativos mediante los cuales se rechazó una solicitud de declaración de Área de Reserva Especial Minera, debe atenderse a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 -modificado por el artículo 147 del Decreto-Ley 019 de 2012-, que prevé que la autoridad minera