Colombia Compra Eficiente explicó que las restricciones de la Ley de Garantías Electorales se aplican a las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando estas actúan como entidades estatales y celebran contratos sometidos al régimen general de contratación pública. Sin embargo, cuando contratan bajo el régimen especial de la Ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro, como empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, no les aplica la prohibición de celebrar convenios interadministrativos ni otras restricciones propias del Estatuto General de Contratación, salvo que exista norma expresa que disponga lo contrario.

El Consejo de Estado reiteró que el silencio administrativo positivo no opera automáticamente en materia contractual, pues su procedencia depende del cumplimiento estricto de los requisitos legales y de la naturaleza de la solicitud, especialmente cuando están en juego recursos públicos. La Sala explicó que la suscripción de acuerdos modificatorios y actas de suspensión en los contratos estatales puede implicar una renuncia expresa a reclamaciones posteriores, siempre que dicha renuncia sea clara, específica y voluntaria. En cuanto al vicio del consentimiento, precisó que este no se presume y debe demostrarse de manera suficiente, acreditando error, fuerza o dolo al momento de celebrar los pactos modificatorios. En el caso concreto, el alto tribunal concluyó que el contratista aceptó libremente las modificaciones y suspensiones, sin probar afectación a su voluntad, por lo que no podía luego reclamar mayores reconocimientos económicos ni invocar el silencio administrativo positivo. Así, el fallo refuerza la seguridad jurídica en la contratación estatal y la fuerza vinculante de los acuerdos contractuales válidamente suscritos.

Colombia Compra Eficiente precisa que los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales al contrato, no arbitrarios, y no deben limitar la competencia. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no pueden exigirse como requisito habilitante ni de calificación para evitar la exclusión de oferentes. El Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) se utiliza en el Registro Único de Proponentes (RUP) para clasificar la experiencia. Finalmente, el plazo de ejecución del contrato debe ser determinado por la entidad, considerando las particularidades del objeto y aplicando normas civiles y comerciales, garantizando que sea razonable y suficiente.

El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y negó todas las pretensiones económicas al concluir que no se acreditaron los requisitos para reconocer obras adicionales ni mayores cantidades de obra en el contrato para la construcción de la estación de policía de Yumbo. La Sala precisó la diferencia entre ambas figuras y reiteró que las obras adicionales requieren acuerdo previo y escrito sobre objeto y precio, lo cual no se probó, pues no existió contrato modificatorio ni consentimiento expreso de la entidad contratante. Respecto de las mayores cantidades de obra, señaló que solo proceden si se demuestra la ejecución de ítems pactados y no remunerados dentro del plazo contractual, prueba que tampoco se aportó. Además, estableció que los supuestos sobrecostos, la puesta en funcionamiento de la obra y la inundación ocurrieron después de vencido el contrato, y que el balance final y el acta de pago evidencian que lo ejecutado fue medido y pagado. Por ello, negó los reconocimientos y la liquidación judicial del contrato.

Colombia Compra Eficiente (CCE) aclara que las Entidades Estatales pueden celebrar contratos interadministrativos con fondos mixtos mediante contratación directa (Ley 1150/07, art. 2.4c), siempre que exista justificación, planeación adecuada y cumplimiento de principios estatales. Cuando los fondos mixtos ejecutan recursos del Sistema General de Regalías (art. 35 y 36 Ley 2056/2020), deben aplicar obligatoriamente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), incluso si su régimen habitual es el derecho privado. Sin importar su régimen, los fondos que manejan recursos públicos deben publicar todos sus procesos de contratación en el SECOP II. En cuanto a la entrega de anticipos, si el fondo se rige por el EGCAP, aplica sus disposiciones; si es de derecho privado, se rige por sus estatutos o manual de contratación. Finalmente, la supervisión de contratos de obra, por gestionar recursos públicos, debe adherirse a las normas de interventoría y supervisión (ej. Ley 1474/2011), lo cual deben establecer en sus manuales.