A través del acto administrativo se amplía el plazo previsto en el parágrafo del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 por medio del cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, hasta el 31 de diciembre de 2020.

El silencio administrativo positivo es la consecuencia de la falta de respuesta por parte del prestador del servicio público domiciliario a las peticiones, quejas o recursos elevados por los usuarios o suscriptores en el término legalmente previsto, lo cual conllevará a que se produzca un acto administrativo ficto o presunto, respecto del cual el prestador solo deberá proceder a reconocer sus efectos.

La posibilidad de cobrar a las áreas sociales de una copropiedad la diferencia de consumos registrada entre un medidor totalizador y la suma de los medidores individuales instalados al interior de ella, dependerá de la posibilidad técnica de que las citadas áreas comunes cuenten con micromedición.

Las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos que por definición no cuentan con AEGR, los reportes de auditoria que sean habilitados con destino a la SSPD deben ser preparados por las oficinas de control interno, de acuerdo con sus responsabilidades.

Al resolver o decidir el recurso de apelación, la Superintendencia no actúa como superior jerárquico de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sino como superior funcional, atendiendo a criterios de imparcialidad, eficacia y eficiencia, como órgano especializado que contribuye al diseño de una doctrina uniforme y de orientación.