La SSPD participó activamente ante la CREG, en el proceso de actualización del Régimen de Protección de los Derechos y Deberes de los Usuarios, vigente desde hace 29 años. La propuesta, presentada ante la CREG, busca establecer procedimientos claros y protocolos que garanticen el debido proceso, la contradicción y la defensa de los usuarios frente a las empresas prestadoras. Este ajuste responde a un alto volumen de reclamaciones por cobros indebidos, suspensiones injustificadas y fallas en el debido proceso. Entre las medidas clave del proyecto de Resolución 705 011 de 2025, se incluyen procedimientos específicos para la recuperación de consumos, cambio de medidores, visitas de inspección, y un marco regulatorio para la suspensión y reconexión del servicio que prohíbe prácticas abusivas y exige información clara al usuario. También se obliga a separar cobros ajenos al servicio en la factura y se facilita la expedición de facturas provisionales para valores reclamados.

La Entidad aclaró aspectos detallados en el documento de trabajo que acompaña al proyecto de resolución del nuevo marco tarifario sobre el diseño y los costos operativos de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). Para definir áreas, la entidad se basó en un documento técnico de 2021, medidas de maquinaria y lineamientos del RAS Título F. El almacenamiento temporal se dimensionó para dos días de inventario, con el volumen de rechazos ligado a la separación en fuente y frecuencia de recolección. Es importante destacar que el costo de la gestión de lixiviados menores ya no se modela como requisito obligatorio, según el Decreto 1381 de 2024. Los gastos de formalización bancaria se clasifican como administrativos. La CRA espera la reglamentación del Ministerio del Trabajo para la administración de los fondos de protección social, mientras que, para la tarifa, aplica modelos de precios techo incentivando la eficiencia en lugar de calcular puntos de equilibrio individuales.

El Gobierno adoptó medidas urgentes para garantizar los servicios públicos domiciliarios de gas y energía eléctrica en ocho departamentos afectados por el "Frente Frío". Declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, regiones como Córdoba, Antioquia y La Guajira sufrieron graves inundaciones y daños en infraestructura. El decreto prohíbe la facturación de gas en inmuebles afectados hasta su rehabilitación y establece diferimientos de pago sin intereses, de 12 a 36 meses, para consumos anteriores y daños en estratos 1 y 2. Además, busca ampliar la oferta de gas natural. En el sector eléctrico, se habilita a la CREG para crear esquemas de liquidación y compensación para plantas hidroeléctricas, buscando estabilizar precios y proteger a los usuarios de la volatilidad. El objetivo es conjurar la crisis, mitigar el impacto socioeconómico y asegurar la continuidad y sostenibilidad de estos servicios cruciales para la población damnificada.

La CRA hizo precisiones sobre la facturación de toneladas de aprovechamiento que exceden el plazo de cinco meses, una vez finalizada la medida de aplazamiento dictada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). La CRA enfatiza que la facturación debe basarse en las toneladas efectivamente aprovechadas y certificadas en el Sistema Único de Información (SUI). Todos los ajustes derivados de la prestación del servicio deberán gestionarse a través del Comité de Conciliación de Cuentas, donde se pueden establecer acuerdos de pago para liquidar los montos adeudados a los usuarios. Si hubo sobrestimación en el cálculo, los prestadores deben realizar devoluciones sin autorización, mientras que, si hubo subestimación, el cobro de los recursos no facturados se hará sin intereses. La SSPD supervisará el cumplimiento de estas disposiciones, y se recomienda actualizar el reglamento del Comité de Conciliación de Cuentas para abordar estos escenarios.

 La CREG convoca a usuarios, vocales de control, empresas prestadoras de servicios y gremios a un taller donde socializará el proyecto de modernización del régimen de protección de derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes y GLP por cilindros y tanques, enfocándose inicialmente en energía eléctrica. El taller contará con la presencia del Ministro de Minas y se realizará en Cartagena el miércoles 15 de abril, de 2:00 a 6:00 p.m.