El Gobierno expidió un Decreto para enfrentar la emergencia económica, social y ecológica declarada en febrero de 2026, que azota departamentos como Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Chocó. Las inundaciones persistentes, resultado de eventos hidrometeorológicos sin precedentes, han anegado más de cien mil hectáreas de cultivos, destruido viviendas y afectado gravemente los medios de vida de miles de pequeños productores rurales. El decreto busca la reubicación temporal o definitiva de unidades productivas agropecuarias y activos rurales, promoviendo un reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente. Se declaran de utilidad pública la adquisición de predios para reasentar a los damnificados y desarrollar infraestructura hídrica, además de agilizar procesos de clarificación y recuperación de tierras para garantizar la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades.

A través de este Decreto se estableció un impuesto extraordinario al patrimonio para afrontar el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en ocho departamentos, incluyendo Córdoba, Antioquia, La Guajira y Chocó. Esta medida busca cubrir un impacto fiscal estimado de $8.3 billones, ante la insuficiencia del Presupuesto General de la Nación para 2026 y la negación de leyes de financiamiento previas. El impuesto se causa el 1 de marzo de 2026 y se pagará en dos cuotas durante abril y mayo del mismo año. Los recursos se destinarán exclusivamente a conjurar la crisis y proteger a las poblaciones afectadas por eventos hidrometeorológicos severos.

Colombia ha emitido un decreto que impone aranceles recíprocos del 30% ad valorem a productos ecuatorianos y restringe el ingreso de ciertas mercancías, citando razones de seguridad nacional. La decisión responde a la "tasa de seguridad" del 30% y a las limitaciones fronterizas que Ecuador aplicó a importaciones colombianas, causando un grave perjuicio a los exportadores y a la economía nacional. El gobierno colombiano justifica sus contramedidas bajo el Acuerdo de Cartagena y el GATT de la OMC, buscando proteger la producción nacional, la sanidad y la seguridad alimentaria. Las restricciones impactan productos agrícolas, pesqueros y químicos, con controles en pasos fronterizos como Ipiales y Puerto Asís.

La CREG convoca a Operadores de Red y Comercializadores de Energía Eléctrica del SIN a una mesa técnica híbrida centrada en la movilidad eléctrica. El objetivo es recopilar información sobre avances, desafíos y consideraciones regulatorias y operativas identificadas por los agentes del mercado. El encuentro se realizará el 3 de marzo de 2026, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., con opciones de participación presencial en las instalaciones de la CREG en Bogotá o virtual vía Microsoft Teams. La información recabada servirá de insumo para los análisis de la Comisión, destacando que la participación es voluntaria y no genera obligaciones regulatorias.

De acuerdo con el anuncio de la UPME, Colombia dio un paso clave en su proceso de reindustrialización y transición energética con el inicio del ensamble de buses eléctricos en el país, un hito que marca el paso de importador de tecnología a productor de soluciones de movilidad limpia. La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) informó que este avance fue posible gracias a un marco regulatorio claro y estable, construido de manera articulada con el Ministerio de Comercio, la DIAN y la ANDI, que brindó confianza a fabricantes internacionales para invertir en el país. Como resultado, la empresa BYD, en alianza con HINO, comenzó el ensamble de chasises de buses eléctricos en territorio colombiano, en lo que la entidad calificó como un paso decisivo hacia la Transición Energética Justa.