El Ministerio de Ambiente precisó que los proyectos de líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Regional (STR) que operan con tensiones entre 50 kV y menores a 220 kV no están obligados a presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) como requisito previo al licenciamiento ambiental. En su análisis jurídico, la entidad explicó que el artículo 2.2.2.3.4.2 del Decreto 1076 de 2015 exige este estudio únicamente para el tendido de líneas nuevas del Sistema Nacional de Transmisión (STN), es decir, aquellas que operan con tensiones iguales o superiores a 220 kV. La cartera ambiental sostuvo que la exigencia del DAA responde a criterios técnicos asociados a la magnitud del impacto ambiental, la extensión territorial, la diversidad de ecosistemas intervenidos y la complejidad social de los proyectos del STN, características que no se equiparan a las del STR. En consecuencia, aunque las líneas regionales requieren licencia ambiental ante la autoridad competente, la norma no prevé para ellas la obligación de adelantar la fase de diagnóstico de alternativas, por tratarse de un listado taxativo que no admite extensiones por analogía.

El Gobierno colombiano oficializa la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036, un ambicioso instrumento que busca garantizar la promoción y protección efectiva de los derechos en todo el territorio. Este decreto, con una vigencia de diez años, responde a mandatos constitucionales e internacionales, así como a los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz de 2016. El plan aborda desafíos estructurales como la inequidad y la desarticulación institucional, promoviendo una acción gubernamental coordinada.

El Ministerio de Transporte, en alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), lanzó una línea de crédito por $14.800 millones para impulsar el reemplazo de taxis de combustión por vehículos eléctricos. Esta iniciativa clave para la transición energética y la modernización del parque automotor, ofrece hasta $92 millones por taxi, cubriendo el vehículo, infraestructura de recarga, matrícula y capital de trabajo. Los propietarios de hasta tres taxis, aceptados en el programa FOPAT, podrán acceder a financiación con plazos de hasta cinco años y tres meses de gracia.

El Ministerio de Minas y Energía puso en marcha actuaciones administrativas contra importadores de etanol debido a la falta reiterada en el reporte completo y oportuno de volúmenes comercializados y las Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero y sus certificaciones. Estas medidas, amparadas en normativas como el Decreto 1073 de 2015, buscan asegurar la trazabilidad del biocombustible, la transparencia del mercado y el cumplimiento de los compromisos climáticos.

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) al concluir que su designación desconoció tanto los requisitos estatutarios de experiencia e idoneidad como los principios de moralidad y transparencia que rigen la función administrativa en entidades con participación estatal mayoritaria. Pero el fallo no se limitó al examen de la hoja de vida. El Consejo de Estado también encontró que el proceso de selección fue alterado de manera irregular. La junta directiva reasumió funciones técnicas que correspondían al Comité de Talento Organizacional y modificó la matriz de evaluación cuando el procedimiento ya estaba avanzado, introduciendo criterios que incidieron en la puntuación del candidato. Además, se apartó sin justificación objetiva de los resultados presentados por la firma cazatalentos Korn Ferry, contratada precisamente para garantizar objetividad y rigor técnico en la selección. Descargar texto