La Corte Constitucional, al analizar la tutela de una mujer que sufrió acoso sexual y laboral en su trabajo, reafirmó la necesidad de proteger los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. La accionante, quien trabajó en el área de facturación, denunció comentarios inapropiados y despido injustificado mientras atendía una emergencia médica de su hijo. La Corte destacó la importancia de aplicar la perspectiva de género en estos casos, recordando que las mujeres tienen derecho a un entorno laboral libre de violencia y discriminación. Se ordenó a la entidad que reconociera las prestaciones sociales adeudadas, reintegrara a la mujer a un puesto vacante y elaborara un protocolo para prevenir y actuar ante el acoso laboral y sexual. Además, se enfatizó que los empleadores deben asesorar a las trabajadoras sobre las rutas de atención disponibles y no normalizar la violencia, cumpliendo así con su obligación de garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso.
La Corte declaró inconstitucionales ciertas limitaciones al fuero de paternidad establecidas en la Ley 2141 de 2021. Específicamente, se invalidaron las expresiones “y no tenga un empleo formal” y “y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo”. La Corte argumentó que estas limitaciones introducían un trato discriminatorio hacia los trabajadores que comparten la crianza con mujeres que tienen empleo formal, vulnerando así los principios de igualdad y no discriminación. Se enfatizó que el fuero de paternidad debe garantizar la protección contra despidos independientemente de las condiciones laborales de la pareja, promoviendo una distribución equitativa de las responsabilidades familiares. Esta decisión busca fortalecer los derechos laborales y asegurar condiciones dignas y justas para todos los trabajadores, reconociendo la importancia de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos.
La Corte abordó los límites de la inmunidad de jurisdicción en el contexto de un contrato de prestación de servicios celebrado por una persona portadora de VIH. La Corte establece que, aunque los sujetos de derecho internacional, como el UNFPA, gozan de inmunidad de jurisdicción, esta no es absoluta y puede tener excepciones, especialmente en materia laboral. Sin embargo, la Corte aclara que los contratos de prestación de servicios tienen una naturaleza civil o comercial y no se equiparan a los contratos laborales.
La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de los incisos 2, 5 y 7 del artículo 23 de la Ley 1561 de 2012, que establecían la nulidad de pleno derecho de actuaciones judiciales realizadas después del vencimiento de un plazo para que el juez civil municipal adoptara una decisión. La Corte decidió declarar la inexequibilidad de estas disposiciones, argumentando que, aunque buscaban un proceso célere para el acceso a la tierra, vulneraban los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La Corte destacó que la remisión automática de los casos a otro juez, junto con la nulidad de pleno derecho, podría llevar a decisiones apresuradas y a un análisis superficial de los hechos y pruebas, lo que afectaría negativamente a los campesinos, quienes son sujetos de especial protección. Así, la Corte reafirmó la necesidad de un equilibrio entre la celeridad procesal y la garantía de derechos fundamentales en el contexto judicial.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-500 de 2024, declaró exequible el artículo 150 de la Ley 2010 de 2019, que excluye del impuesto predial ciertas áreas de aeropuertos operados en concesión, como pistas, calles de rodaje, hangares y plataformas. La demanda sostenía que esta disposición vulneraba el derecho a la igualdad al establecer un trato tributario desigual entre concesionarios de puertos y aeropuertos, argumentando que ambos operan en un régimen jurídico similar y utilizan infraestructura pública. Sin embargo, la Corte concluyó que existía una diferencia intrínseca entre las infraestructuras de ambos tipos, lo que justificaba el tratamiento tributario distinto. La Corte aplicó un juicio de igualdad y determinó que la exclusión del impuesto para las áreas aeroportuarias no contravenía la Constitución, ya que los objetivos legislativos buscaban fortalecer las finanzas públicas y promover el turismo, permitiendo así la exequibilidad de la norma impugnada.