Se trata del texto de la sentencia de la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “estéticas” del literal c del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, justificando que su inclusión como excepción a la presunción de maltrato animal carece de un propósito legítimo y violenta la dignidad y bienestar de los animales. En la sentencia, se argumenta que la mutilación o alteración de partes de animales con fines estéticos no solo constituye un acto de crueldad, sino que también ignora el reconocimiento de los animales como seres sintientes con derechos inherentes a su bienestar. Se destaca que esta práctica puede acarrear dolor y alterar las capacidades comunicativas de los animales, comprometiendo su interacción social. Además, se señala que la normativa vigente se debe interpretar en consonancia con los principios de protección constitucional, donde se debe priorizar la dignidad y bienestar animal, rechazando visiones utilitaristas que las consideren meros objetos. Por último, la Corte reitera que este tipo de intervenciones no son compatibles con las tendencias modernas hacia el respeto y protección legal de los animales, alineándose así con estándares internacionales emergentes que prohíben tales procedimientos.

La Corte Constitucional dictó sentencia en la que ordenó a Smart Fit realizar adaptaciones en sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad visual. El caso surgió a raíz de una tutela presentada por un ciudadano que, debido a su discapacidad, fue rechazado en el gimnasio por intentar ingresar con su perro de guía. La Corte determinó que esta negativa vulneró sus derechos a la igualdad, la recreación y el deporte, al no permitir la entrada del perro ni ofrecer las condiciones adecuadas para el acceso.

La Corte Constitucional, mediante un Auto, declaró el incumplimiento general en la suficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para el sistema de salud. Se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una mesa de trabajo para revisar la UPC de 2024, actualizando su cálculo y considerando el rezago acumulado desde 2021. La Corte destacó que el Ministerio no ha avanzado en solucionar fallas en el sistema de información, lo que dificulta calcular una UPC adecuada. Las fallas incluyen la falta de mecanismos fiables para contrastar los datos de las EPS y la insuficiencia de la información utilizada para el cálculo. También se mencionó la necesidad de revaluar factores como la siniestralidad y la inflación en el cálculo de la UPC. El retraso en la equiparación del valor de la UPC entre el régimen subsidiado y el contributivo también fue señalado, lo que ha generado incumplimientos desde 2022. En resumen, la Corte exige al Ministerio realizar ajustes inmediatos para asegurar una financiación suficiente del Plan de Beneficios en Salud (PBS) en los próximos años.

La Corte amparó los derechos fundamentales de un docente diagnosticado con VIH que sufrió discriminación tras la divulgación de su estado de salud. La Corte determinó que las solicitudes de traslado extraordinario docente, especialmente por razones de salud, no requieren un dictamen médico formal, permitiendo un análisis integral basado en la historia clínica del docente. En este caso, se consideró la importancia de su red de apoyo familiar y los impactos negativos de negar el traslado. Además, la Corte subrayó que las secretarías de educación y las instituciones educativas deben adoptar medidas para garantizar la confidencialidad del diagnóstico y prevenir la discriminación, incluyendo programas de sensibilización sobre el VIH y el estigma asociado. La decisión resalta la necesidad de un entorno laboral inclusivo y respetuoso para las personas que viven con VIH.

La Corte Constitucional, a través del Auto 2049 de 2024, declaró el incumplimiento general en la suficiencia de los presupuestos máximos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se evidenció que el Ministerio de Salud no apropió los recursos necesarios para financiar servicios de salud, lo que representa un retroceso en el cumplimiento de órdenes anteriores. La Corte ordenó al Ministerio de Salud pagar los presupuestos máximos correspondientes a varios meses de 2024 y a crear una metodología unificada para su reajuste. Además, se abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por no cumplir con las órdenes previas. La demora en los pagos y la falta de recursos ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el derecho a la salud de los afiliados. La situación es crítica, ya que los recursos asignados no son suficientes para cubrir los presupuestos del segundo semestre de 2024, lo que afecta gravemente el sistema de salud.