La Corte Constitucional dictó sentencia en la que ordenó a Smart Fit realizar adaptaciones en sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad visual. El caso surgió a raíz de una tutela presentada por un ciudadano que, debido a su discapacidad, fue rechazado en el gimnasio por intentar ingresar con su perro de guía. La Corte determinó que esta negativa vulneró sus derechos a la igualdad, la recreación y el deporte, al no permitir la entrada del perro ni ofrecer las condiciones adecuadas para el acceso.

La Corte Constitucional, mediante un Auto, declaró el incumplimiento general en la suficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para el sistema de salud. Se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una mesa de trabajo para revisar la UPC de 2024, actualizando su cálculo y considerando el rezago acumulado desde 2021. La Corte destacó que el Ministerio no ha avanzado en solucionar fallas en el sistema de información, lo que dificulta calcular una UPC adecuada. Las fallas incluyen la falta de mecanismos fiables para contrastar los datos de las EPS y la insuficiencia de la información utilizada para el cálculo. También se mencionó la necesidad de revaluar factores como la siniestralidad y la inflación en el cálculo de la UPC. El retraso en la equiparación del valor de la UPC entre el régimen subsidiado y el contributivo también fue señalado, lo que ha generado incumplimientos desde 2022. En resumen, la Corte exige al Ministerio realizar ajustes inmediatos para asegurar una financiación suficiente del Plan de Beneficios en Salud (PBS) en los próximos años.

La Corte amparó los derechos fundamentales de un docente diagnosticado con VIH que sufrió discriminación tras la divulgación de su estado de salud. La Corte determinó que las solicitudes de traslado extraordinario docente, especialmente por razones de salud, no requieren un dictamen médico formal, permitiendo un análisis integral basado en la historia clínica del docente. En este caso, se consideró la importancia de su red de apoyo familiar y los impactos negativos de negar el traslado. Además, la Corte subrayó que las secretarías de educación y las instituciones educativas deben adoptar medidas para garantizar la confidencialidad del diagnóstico y prevenir la discriminación, incluyendo programas de sensibilización sobre el VIH y el estigma asociado. La decisión resalta la necesidad de un entorno laboral inclusivo y respetuoso para las personas que viven con VIH.

La Corte Constitucional, a través del Auto 2049 de 2024, declaró el incumplimiento general en la suficiencia de los presupuestos máximos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se evidenció que el Ministerio de Salud no apropió los recursos necesarios para financiar servicios de salud, lo que representa un retroceso en el cumplimiento de órdenes anteriores. La Corte ordenó al Ministerio de Salud pagar los presupuestos máximos correspondientes a varios meses de 2024 y a crear una metodología unificada para su reajuste. Además, se abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por no cumplir con las órdenes previas. La demora en los pagos y la falta de recursos ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el derecho a la salud de los afiliados. La situación es crítica, ya que los recursos asignados no son suficientes para cubrir los presupuestos del segundo semestre de 2024, lo que afecta gravemente el sistema de salud.

La Corte protegió los derechos fundamentales de una mujer embarazada que prestaba servicio militar voluntario en la Policía Nacional. La Corte determinó que su desacuartelamiento, ordenado por la institución debido a su estado de gestación, constituía un acto discriminatorio que violaba su derecho a la estabilidad ocupacional reforzada. La decisión incluyó la reincorporación de la mujer al servicio, garantizando su atención en salud y la de su hijo, así como el pago de emolumentos dejados de percibir. Además, la Corte instó a la Policía Nacional a evitar tratos discriminatorios y exhortó al Congreso a adoptar medidas legislativas que protejan a las mujeres embarazadas en el servicio militar, asegurando sus derechos y los de sus hijos.